Tipo de Fuente: Prensa Escrita
Fuente: El Universo
Sección: Central de Medios
Subsección: CGE Noticias
Fecha de publicación: 26/04/2019

Contraloría señala faltas en proyecto minero Llurimagua

Un informe final de la Contraloría señala al menos 12 irregularidades en la concesión y operación del proyecto minero Llurimagua, ubicado en Imbabura y que es manejado desde el 2012 por la Empresa Nacional Minera (Enami EP) y Codelco (chilena) con su filial Emsaec en Ecuador. La entidad de control detectó faltas ambientales y legales que le han hecho caer en causales de caducidad. El informe se revela en medio de la polémica existente entre comunidades de Íntag que han rechazado por años la intervención de empresas mineras en la zona, y cuando el Gobierno ha buscado apoyar la actividad minera a gran escala.

Enami y Codelco firman acuerdo para proyecto de cobre Llurimagua

Sin embargo, en el informe se indica que en este caso ambas empresas estatales no cumplieron con el requisito de constituir una empresa de economía mixta que avale las actividades mineras. Según la Contraloría, en septiembre de 2016 se debía crear la empresa, pero un año después Enami comunicó que no tenía los fondos suficientes para los aportes de capital. En el examen, cuyo periodo fue entre el 1 de enero de 2012 y diciembre del 2017, se determina que ambas empresas estuvieron 475 días sin cumplir con el requisito. Pero dicho incumplimiento duró varios meses más. Recién el 29 de marzo del 2019, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, anunció la firma, por parte de Enami y Codelco, de una adenda donde se asocian bajo la figura de sociedad anónima. De acuerdo con el Ministerio para concretar el acuerdo del desarrollo del campo cuprífero (cobre) “era necesario definir la figura legal de la estructura societaria”. El paquete accionario está en un 51% en Enami y el 49% en Codelco. 

El incumplimiento anterior provocó que Emsaec, dice Contraloría, no entregara información sobre prospección, exploración y prefactibilidad del proyecto a Enami. También se incurrió en causal de caducidad al no haber cumplido el plan de inversiones y no haber pagado las compensaciones de ley, así como haber generado balances imprecisos por este tema, dice el informe. La Contraloría indica que el Ministerio del Ambiente aprobó un estudio de impacto y plan de manejo ambiental sin la información completa. Este tema hizo que no se pudieran identificar áreas sensibles e impactos ambientales, impidiendo medidas de mitigación. Contraloría también señala que un informe sobre la sistematización del Proceso de Participación Social (PPS) fue realizado por tres profesionales, dos de los cuales no estaban recalificados.

 Asegura que dicho informe concluyó “sin sustentos técnico ni jurídico” que la consulta previa no era aplicable para el área de influencia, contrariamente a lo que ya establecía una sentencia de la Corte Constitucional del 2010. José Cueva, del colectivo Caminantes de Íntag, aseguró que esto demuestra que no hay tal minería responsable, como el Gobierno ha promocionado. Pidió que se acoja el informe y se revierta la licencia ambiental, así como los permisos otorgados por la Secretaría del Agua. Para Cueva se debería declarar la caducidad. Según el Ministerio entre 2012 y 2018 el proyecto captó $42,9 millones de inversión y genera 190 empleos.

Política minera

Mediante decreto 722 el presidente Lenín Moreno dispuso al ministro de Energía, Carlos Pérez, “la actualización, definición y emisión de la nueva política minera de Estado”. Deberá ser emitida en 30 días contados a partir del 24 de abril. Se lo hace en medio de la polémica por el rechazo a la minería en una consulta popular. Se señala en los considerandos que la Constitución dice que los recursos minerales son de competencia del Estado Central. Pág. 2.



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