REVISTA DE LA CONTRALORÍA 137 Quito, marzo 2019
Responsabilidades administrativas por dar mal uso a los vehículos públicos La acción de controlar el uso de los vehículos públicos por parte de la Contraloría General del Estado (CGE) durante el 2018 dio como resultado 41 actas de retención de vehículos y 96 expedientes de predeterminación de responsabilidades administrativas. (87 expedientes con multa y 9 con multa y destitución, a nivel nacional). Los motivos por los que la CGE detuvo a los carros pertenecientes al Estado son: ausencia de la Orden de Movilización para circular en horas no laborales, utilización del vehículo por parte de un servidor no autorizado, utilización de vehículos en actividades no autorizadas y, además, órdenes para circular caducadas. De acuerdo al Reglamento de Control de Vehículos emitido por este órgano de control, “el infractor será sancionado con multas entre cinco y veinte salarios básicos unificados, y en caso de reincidencia, el servidor, responsable de la utilización de los vehículos públicos, puede ser destituido, sin perjuicio de las responsabilidades civiles culposas o indicios de responsabilidad penal que se determinen”. Los servidores públicos a cargo del uso de vehículos públicos deben tramitar la orden de movilización mediante el aplicativo cgeMovilización, publicado en la página web de la CGE. Con respecto a las causales y sanción administrativa según el artículo 20 del Acuerdo 042-CG-2016, los sujetos que incurrieren en las faltas administrativas serán sancionados de la siguiente manera:
Hay que mencionar que el encargado o responsable de la unidad de transportes que disponga, autorice o permita el uso indebido de vehículos institucionales por parte de terceros, será sancionado con multa de quince a veinte remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador del sector privado. La reincidencia será motivo de destitución. Como parte del control la Contraloría suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Consejo Nacional Electoral para fiscalizar y controlar los bienes públicos durante la campaña electoral. Durante el periodo electoral, las dos instituciones intercambiaron información sobre los resultados de los operativos de control, cuyo objetivo fue identificar infracciones y actos de corrupción. El Código de la Democracia establece que las “organizaciones políticas que hubieren recibido financiamiento deberán presentar un informe anual de la utilización de los recursos públicos ante el Consejo Nacional Electoral, el que podrá solicitar la auditoría de la Contraloría General del Estado. Esta, también podrá actuar de oficio si recibiere denuncias sobre la mala utilización de los recursos públicos”.