REVISTA DE LA CONTRALORÍA 137 Quito, marzo 2019
Plan Emergente de Control en el IESS En junio de 2018, el titular de la Contraloría General del Estado dispuso la ejecución de un “Plan Emergente de Control” al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), el que comprende la ejecución 44 auditorías, de esta cifra, 19 ya fueron aprobadas por la entidad y 25 se encuentran en desarrollo. El Plan se propuso examinar la infraestructura hospitalaria, equipos, medicamentos, administradoras de fondos y talento humano del IESS, el periodo observado comprende los últimos 7 años, debido a que la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que la acción de control “caducará en siete años contados desde la fecha en que se hubieren realizado dichas actividades o actos” (Art. 71). Esta iniciativa promovida por la máxima autoridad, Dr. Pablo Celi, responde a “la gran preocupación nacional sobre la situación del IESS”, por ello, esta acción de control integral se trazó como objetivo central transparentar el estado de los recursos de la Seguridad Social, su administración y proyecciones. Los equipos de auditoría pudieron contar con el acompañamiento técnico y asesoría de una veeduría conformada por expertos en seguridad social, representantes de trabajadores y dirigentes sindicales. Este grupo de expertos acompaño de forma voluntaria el trabajo de los equipos auditores para los cual se establecieron reuniones periódicas cada 15 días. De esta forma la participación ciudadana, realizada en forma paralela a la acción de control permitió garantizar la transparencia y objetividad del trabajo realizado. Resultados de las auditorías Luego de que el Contralor General del Estado ha aprobado 19 auditorías del Plan Emergente de Control en el IESS se establecieron predeterminaciones de responsabilidades administrativas por más de 1 millón de dólares y, responsabilidades civiles (glosas) por 87.8 millones de dólares. También se solicitó la destitución de varios servidores públicos. Además, el ente de control remitió a la Fiscalía General del Estado, 9 informes con indicios de responsabilidad penal para que se inicien las acciones correspondientes producto de las acciones de control. La Constitución de República faculta a la Contraloría General del Estado establecer responsabilidades administrativas y civiles, e informar a la Fiscalía General del Estado de los indicios de responsabilidad penal, cuando de los resultados de una acción de control se desprenda la existencia de actos que puedan configurarse como delitos penales. De modo que las responsabilidades administrativas se imponen a los funcionarios y servidores públicos que incumplen con sus obligaciones legales propias de su cargo o aquellas relacionadas con el ejercicio de sus actividades administrativas y financieras. El establecimiento de una glosa se da cuando un servidor o funcionario público ha cometido una infracción y como resultado existen perjuicios económicos para el Estado. En lo referente a infraestructura hospitalaria, adquisición de equipos y medicamentos, se auditó la construcción, fiscalización, equipamiento y mobiliario de los hospitales de Los Ceibos; Machala; San Francisco; Quito Sur y el centro médico La Mariscal. También se observaron los procesos de la Secretaría Técnica de Contratación y Subdirección Nacional de Compras Públicas y Lote Cien (BIESS). Los Informes concluyeron entre otros aspectos lo siguiente: Que las contrataciones bajo Régimen Especial se realizaron sin sustentos técnicos, económicos y legales. No se contó con estudios completos, definitivos, actualizados, ni se revisaron planos, cantidades de obras y especificaciones técnicas necesarias para el funcionamiento adecuado de los hospitales. Se pagó en exceso y no se cobraron multas por incumplimientos en cronogramas de trabajo. Existieron cantidades planilladas y pagos en exceso sin sustento contractual. Tampoco se cobraron multas por incumplimientos en los cronogramas de trabajo. En relación a la adquisición de medicamentos, fármacos, insumos y dispositivos médicos, la Contraloría, encontró que no se canjearon ni devolvieron medicamentos caducados para el tratamiento de diabetes, cáncer y VIH. Asimismo, no se cobraron multas por incumplimientos contractuales. En cuanto a la administración de fondos, se observaron las operaciones administrativas y financieras en los fondos de: Riesgos del Trabajo, Salud Individual y Familias, Pensiones y Seguro, Social Campesino. Los principales hallazgos señalan que, a pesar de la recomendación de Contraloría, no se estableció el monto de la deuda que mantiene el Estado con el IESS ni la forma de pago, en el Fondo de Salud. Por otra parte, para cubrir las modificaciones en tasas de aportación y eliminación del 40% del aporte estatal, se efectuaron desinversiones, afectando la sostenibilidad de los fondos. También se encontró Concentración de inversiones en Títulos de Deuda emitidos por el Ministerio de Finanzas. Así como, inconsistencias en ingresos por falta de conciliación. Se evidenció la ausencia de controles sobre bienes de larga duración e inmuebles de propiedad de los fondos. Y el pago de beneficios a personas que no cumplen los requisitos, debido a bases de datos desactualizadas y falta de coordinación con el Registro Civil. En la administración de Talento Humano, la Contraloría determinó que se realizaron descuentos en las nóminas mensuales sin autorización de los servidores públicos. Estos recursos fueron transferidos a movimientos políticos y a funcionarios de la institución. De igual manera, se contrató personal que no cumplió con los requisitos legales para ocupar cargos en el nivel jerárquico superior de la entidad. Además, se pagaron remuneraciones y valores de afiliación a exfuncionarios de la entidad. Dentro de este examen integral realizado a los estudios actuariales, se observó la contratación, preparación, ejecución, aprobación y aplicación de recomendaciones de los estudios actuariales, en relación al estado financiero del IESS. El Informe determinó que los estudios actuariales fueron declarados reservados por las autoridades del IESS, sin sustento legal. Tampoco se aplicaron las medidas para mantener la sostenibilidad y el equilibrio financiero, constantes en las recomendaciones de los estudios actuariales. Asimismo, no se aplicaron metodologías actuariales, ocasionando una subestimación del déficit actuarial en el Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte para el año 2053. El deficit actuarial del Fondo del Seguro General de Salud Individual y Familiar está subestimado en al menos 14 mil millones, aspectos que evidencian que a 31 de diciembre de 2013, la sostenibilidad financiera de los fondos era frágil. A su vez la distribución de las tasas de aportación ocasionó reducción en el patrimonio de los fondos de Pensiones y de Riesgos del Trabajo. Cabe señalar que, durante la ejecución de las acciones de control contempladas en el Plan, diversas organizaciones sociales como los Jubilados han expresado un amplio respaldo al trabajo de la CGE. La institución concluirá el “Plan Emergente de Control” integral a la Seguridad Social con auditorías a la: adquisición de medicamentos por catálogo electrónico, unidades dentales y cavitrones, bienes y servicios; construcción, fiscalización y equipamiento de unidades médicas en las provincias de Napo, Chimborazo, Imbabura, Azuay, Esmeraldas, Guayas, Cañar, Los Ríos y Loja; compra - venta del inmueble antiguo Hospital del IESS de Cuenca; derivaciones y pagos a los prestadores de salud privados en Guayaquil y Quito y a los Estados financieros del IESS.