REVISTA DE LA CONTRALORÍA 137 Quito, marzo 2019
Cooperación interinstitucional para fortalecer la lucha contra la corrupción
Con el objetivo de establecer mecanismos de cooperación efectivos para fortalecer la lucha contra la corrupción y recuperación de activos, en febrero pasado, la Contraloría General del Estado suscribió un Convenio de Cooperación Interinstitucional con el Consejo de la Judicatura, Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República, Fiscalía General del Estado, Procuraduría General del Estado y Unidad de Análisis Financiero y Económico. De acuerdo con la máxima autoridad del organismo de control, Pablo Celi de la Torre, “La defensa del interés del Estado debe ejercerse desde las competencias y funciones específicas de cada institución, pero también mediante una vigorosa cooperación interinstitucional que haga posible una acción integral y eficiente”. Además de recordar que hay un mandato constitucional que de manera expresa señala que las instituciones han de actuar en función de sus competencias, pero el mismo mandato expresa que deben coordinar sus acciones”. El Acuerdo suscrito por estas autoridades establece varios mecanismos de cooperación interinstitucionales, entre los que constan los siguientes: Intercambio de información para la investigación y trámite oportuno de causas penales que la Fiscalía inicie, sea por gestión directa o por informes con indicios de responsabilidad penal establecidos por para de la CGE; Intercambio de información que pueda ser de utilidad para el ejercicio de las competencias constitucionales y legales de cada una de las partes; Colaboración oportuna en las investigaciones iniciadas por la FGE dentro de los procesos previos y posteriores a la instrucción; Colaboración de la Procuraduría en el establecimiento de los montos para el cobro de la reparación integral de los daños patrimoniales ocasionados al Estado; Coordinación de acciones, asesoramiento e intercambio de información para la recuperación de activos, y de recursos provenientes de delitos contra la administración pública; Ejecución ágil y oportuna de las acciones legales en defensa del patrimonio nacional; Elaboración de proyectos conjuntos de investigación e innovación en sectores de interés institucional; Desarrollo de programas de formación profesional en sectores de interés institucionales, entre otros. Según el Contralor, debido a la realidad del país, esta coordinación es jurídicamente indispensable. “Es evidente que hay un principio constitucional que cuida de la integralidad de la acción del Estado. Sin embargo, esa coordinación en muchos casos ha sido absolutamente defectuosa, insuficiente, imprecisa, sin mecanismos ni elementos de compromiso con la gestión de procesos”, manifestó. Al mismo tiempo reconoció: “No podemos decir que la coordinación entre las instituciones haya sido eficaz, tenemos procesos no iniciados, defectuosos, insuficientes, truncos, y un conjunto de causas insuficientemente sustanciadas. Es nuestra obligación advertir, analizar y corregir este tipo de insuficiencias”. Es de esta manera que la Contraloría ejerce la rectoría del sistema de control administrativo del Estado, labor que se realiza con integridad y transparencia, gracias a la experiencia del personal de carrera y el fortalecimiento de la autoridad institucional de la entidad en el accionar del Estado, garantizando que el control público cuente con integralidad jurídica, administrativa y profesional.
En 2018, Ecuador obtuvo 34 puntos en el Índice de percepción de la Corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Con esa puntuación, Ecuador mejoró su situación hasta la posición número 114, de los 180 del ranking de corrupción gubernamental. De acuerdo a esta entidad, los ciudadanos ecuatorianos consideran que existe un alto porcentaje de corrupción en el sector público.