REVISTA DE LA CONTRALORÍA 137 Quito, marzo 2019
Llurimagua, ausencia de medidas de mitigación ambiental, entre otros hallazgos La explotación minera en el país es un ámbito sobre el que la Contraloría General del Estado ha trabajado desde enero de 2018, cuando se inició un conjunto de exámenes especiales a las concesiones de varios proyectos a nivel nacional. Con el fin de llevar a cabo estas acciones de control, de manera íntegra, la institución implementó una serie de políticas para que las comunidades acompañen los procesos de auditoría. Además, se buscó que los exámenes emitan observaciones sobre aspectos de impacto ambiental y social, provocados por la exploración y explotación minera. Entre algunos de los proyectos examinados: Mirador, Fruta del Norte, Río Blanco, Loma Larga, la Contraloría expuso los resultados de la auditoría a Llurimagua, en Imbabura, tras un año de haber iniciado las acciones de control. En la lectura de hallazgos provisionales, efectuada el 25 de enero de este año, se señaló la falta de medidas de mitigación ambiental, así como de información del yacimiento y el beneficio que reportaría al Estado la explotación minera del lugar. Entre otros señalamientos, se detectó concentraciones elevadas de plomo y zinc y que la falta de entrega de informes de actividades anuales y del plan de inversiones podría hacer que las firmas involucradas en el proyecto incurran en una causal de caducidad para la concesión. Mientras se ejecutó el examen, el Contralor General del Estado, Pablo Celi, realizó una inspección al lugar, junto a las comunidades y representantes de la concesionaria y funcionarios de la Empresa Nacional Minera, ENAMI EP. A lo largo de este recorrido, las personas expusieron sus preocupaciones sobre las fuentes del agua. Ante esto, el Contralor solicitó nuevas acciones que establecieran científicamente la afectación a los ecosistemas y fuentes de agua. Por otra parte, acordó mantener informada a la población sobre los avances de la auditoría, así como la disposición a receptar información que tuvieran para contribuir a la acción de control. Tras la lectura de resultados provisionales, las partes involucradas tienen la posibilidad de presentar pruebas de descargo y así justificarse ante las observaciones de Contraloría. Estos exámenes se realizan considerando que los recursos naturales son patrimonio del Estado y por tanto están dentro de la misión institucional del ente de control, cuya obligación es asegurar su uso adecuado en el marco de la ley y así, en beneficio de la sociedad.