REVISTA DE LA CONTRALORÍA 137 Quito, marzo 2019
Evaluación de proyectos estratégicos: los resultados serán un insumo para nuevas auditorías Los primeros días del año, a través de cadena nacional, el presidente de la República puso en conocimiento del país los resultados de los informes de evaluación efectuados a cinco proyectos estratégicos que fueron desarrollados durante la administración de Rafael Correa y sobre los cuales pesan cuestionamientos en cuanto a la calidad de los trabajos, su pertinencia y la legalidad de los pagos. El gobierno ecuatoriano solicitó el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se encargó de la selección, contratación y seguimiento técnico de las empresas encargadas de realizar las valoraciones. Finalmente, se contrató a las compañías ICC-TECNATOM (España), RPS Energy Ltd. (Reino Unido) y ABSG Consulting Inc. (Estados Unidos), por USD 3.3 millones, para que efectúen esta labor. Estas entidades analizaron la repotenciación de la Refinería Estatal de Esmeraldas, el proyecto Refinería del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca, el terminal marítimo de GLP Monteverde y la planta de licuefacción de gas natural Bajo-Alto. Se estima que el gobierno ecuatoriano invirtió alrededor de USD 4 900 millones en estas infraestructuras. Según las conclusiones alcanzadas durante la evaluación, se pagaron USD 2 450 millones en exceso. El ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, puso en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía General del Estado la documentación que sustenta los hallazgos para que, en el marco de las competencias de cada entidad, se efectúen las pericias y las acciones de control en referencia a esos proyectos. Durante la recepción de los informes, Wilson Vallejo, subcontralor de Responsabilidades, indicó que la Contraloría iniciaría los análisis que corresponda y de ser el caso, se emitirían órdenes de trabajo para que se ejecuten auditorías en las que se validen esas conclusiones, respetando los procedimientos establecidos para el inicio de las acciones de control. Una de las gestiones necesarias fue la revisión del alcance y los periodos de las auditorías efectuadas previamente por la Contraloría, puesto que no se pueden juzgar nuevamente actuaciones que ya se auditaron. Por ejemplo, en la Refinería de Esmeraldas el organismo de control ha aprobado al menos 58 informes generales y 54 informes con indicios penales. Las auditorías han observado los estados financieros de la Refinería, la adquisición de materiales y equipos para su funcionamiento, los procesos de repotenciación y modernización, declaraciones patrimoniales de funcionarios y ex funcionarios, el manejo de desechos sólidos, los compromisos de fiscalización y gerenciamiento, etc. Estos exámenes dan cuenta de irregularidades en distintas fases de los procesos contractuales. Los funcionarios responsables no observaron errores en las ofertas durante la fase precontractual y no se sancionó incumplimientos por parte de los contratistas, ni el retraso en la ejecución de los trabajos. Además, se incrementaron los presupuestos referenciales sin justificación. La ausencia de estudios definitivos y actualizados ocasionó que se adquieran equipos, como la Unidad de Craqueo Catalítico Fluidizado FCC, sin considerar las condiciones de las instalaciones después de su repotenciación y ampliación, lo que originó que se inicie el proceso de contratación sobre la base de una programación de consumo sobrestimado. El poliducto Pascuales-Cuenca se construyó para transportar hasta Cuenca, a lo largo de 215 Km. de tubería, gasolina y diésel desde el Terminal Pascuales y gas licuado de petróleo procedente de la terminal El Chorrillo. Sobre este proyecto estratégico, desarrollado por Odebrecht, el organismo de control ha efectuado 5 exámenes especiales, que derivaron en 3 informes con indicios de responsabilidad penal. Durante las auditorías se observaron falencias administrativas que impidieron que se conozcan los valores realmente ejecutados y cancelados a la consultora CAMINOSCA, contratada para elaborar los estudios de ingeniería básica. Debido a las deficiencias en los diseños desarrollados por esta compañía, Petroecuador tuvo que efectuar nuevas inversiones que superaron los USD 126 millones para viabilizar la construcción del poliducto. Por este motivo se establecieron responsabilidades civiles por ese monto (126 millones) e indicios penales que se pusieron en conocimiento de la Fiscalía por el perjuicio causado al erario. En el examen a los contratos de construcción y fiscalización del poliducto, que consta en el informe No. DNA6-0056-2018, el equipo de control identificó fallas que afectaron la integridad y seguridad de la obra. Esto ocurrió porque la contratista encargada de realizar los estudios geotécnicos no presentó las soluciones técnicas para la estabilización de los taludes de las plataformas, por lo que varios componentes de la obra civil presentaron fisuras, grietas, deslizamientos, hundimientos y colapso de los muros de gaviones de la isla de carga. La constructora Norberto Odebrecht no corrigió más de 100 deficiencias, señaladas en el acta de entrega-recepción parcial, por lo que el poliducto no funciona en concordancia con su capacidad de diseño y deben realizarse reparaciones, reposiciones, ajustes, calibraciones, reemplazos, configuraciones en equipos y sistemas. Estas observaciones derivaron en sanciones civiles que superan los USD 21 millones. En la Refinería del Pacífico se han aprobado 32 informes generales y 5 informes con indicios penales. Entre ellos constan 2 exámenes efectuados a la construcción del acueducto-presa La Esperanza, de los cuales se desprendieron 3 indicios penales por modificaciones injustificadas que elevaron los costos del acueducto que debía dotar de agua al proyecto petroquímico. Los informes sobre la refinería dan cuenta de incrementos infundados en los costos de los trabajos y de los materiales utilizados para finalizar las obras, así como pagos efectuados sin documentos que los sustenten. En el proyecto, que también se adjudicó a la brasilera Odebrecht, no se cumplió con lo dispuesto en el plan de manejo ambiental y el contrato no consideró la aplicación de multas en caso de retrasos en la ejecución, por parte de la contratista. El terminal marítimo de GLP Monteverde, ubicado en la provincia de Santa Elena, se construyó con el objetivo de recibir buques que transportan gas licuado de petróleo de gran calado, descargar el producto y almacenarlo en tierra hasta por 20 días, para satisfacer la demanda nacional. En los informes aprobados por Contraloría, 5 en total, se identifican problemas en la fiscalización del proyecto e incrementos en los costos de liquidación de las obras. Esto ocurrió porque el contratista entregó tarde las planillas mensuales de avance de obra, así que se reajustaron los precios a la fecha de la liquidación. No se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la correcta ejecución y control de los proyectos. Las conclusiones también indican que se efectuaron pagos a la fiscalizadora luego de que el plazo del contrato finalizó, las obras se iniciaron sin contar con licencia ambiental y FLOPEC no presentó los informes de monitoreo ambiental interno. El 4 de mayo de 2009, el Ministerio de Hidrocarburos suscribió el contrato para la provisión, instalación y puesta en marcha de la primera planta de licuefacción de gas natural en la comuna Bajo Alto, ubicada en la provincia de El Oro. La obra tiene como objetivo abastecer de este recurso a industrias en Cuenca, Guayaquil y Quito. En dos auditorías, la primera efectuada en 2013 y la segunda en 2015, la Contraloría estableció que el contratista no elaboró un diseño de cimentación que obedezca a las condiciones y características del terreno sobre el cual se instalaron los equipos, lo que ocasionó hundimiento de las estructuras, afectación a las losas y estructuras, así como a las tuberías e instalaciones del proyecto. Los resultados contenidos en los informes de evaluación sobre estos proyectos serán el fundamento para el inicio de nuevas auditorías, que el organismo de control efectuará en concordancia con el debido proceso para determinar responsabilidades y prevenir nuevas irregularidades en la administración de los recursos públicos. Además del establecimiento de las sanciones correspondientes, las conclusiones de estos informes derivan en recomendaciones que permiten a las instituciones mejorar la administración de los recursos públicos, que deben manejarse con economía, eficiencia y priorizando el beneficio social, tal como indica la Constitución.