La Contraloría General de Estado (CGE) elaboró el décimo Reporte de control público con el fin de determinar las falencias recurrentes en las operaciones de financiamiento público efectuadas desde 2010 hasta 2021. Para este estudio se utilizaron ocho informes de auditoría gubernamental -que fueron aprobados entre 2017 y 2022-, en los cuales se analizó el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a los procesos para nutrir de recursos las arcas fiscales.
Las acciones de control se efectuaron en el Ministerio de Economía y Finanzas y contienen 53 hallazgos de auditoría que fueron categorizados y ponderados para identificar irregularidades frecuentes en la aplicación de la normativa relacionada con endeudamiento y financiamiento. Las falencias predominantes fueron:
- Ausencia/falencias en controles (24.5 %)
- Incumplimiento de condiciones constantes en los contratos de crédito (18.8 %)
- Falencias en registros contables (16.9 %)
- Falencias en la publicidad de la información (13.2 %)
- Ausencia/falencias en controles
En el 24.5 % de hallazgos se refieren a los mecanismos de control aplicados en los procesos de financiamiento. Entre los aspectos en los que se identificaron anomalías están la composición del endeudamiento público, suscripción de garantías, controles sobre el destino de los recursos, el manejo de balances, la elaboración de manuales de procedimiento y la emisión de normativa técnica.
Los informes de auditoría señalan que no se adoptaron controles que garanticen el cumplimiento de las regulaciones sobre la contratación de deuda pública señaladas en el artículo 290 de la Constitución. En consecuencia, no se pudo corroborar que los recursos obtenidos de las operaciones crediticias hayan financiado exclusivamente programas y proyectos de inversión para infraestructura.
Durante el examen al cumplimiento de la normativa en los procesos de endeudamiento no se pudo identificar el destino de los recursos calificados de libre disponibilidad, de las líneas de crédito 1, 2 y 3, por USD 5 mil millones, otorgadas por el Banco de Desarrollo de China (CDB) para financiar el Plan Anual de Inversiones y el manejo presupuestario de los años 2010, 2011 y 2012.
De acuerdo a las condiciones acordadas, el tramo A de los créditos -por un monto de USD 3.600 millones (72 % de los recursos)- fue de libre disponibilidad y el 28 % -los tramos B y C- debió destinarse a financiar proyectos específicos, por lo que las transferencias monetarias estaban atadas a su ejecución.
Ecuador recibió el primer desembolso de USD 800 millones en septiembre de 2010 y fue depositado en una subcuenta, lo que permitió efectuar el seguimiento sobre su uso y destino. Pero a partir del año 2011 los recursos de libre disponibilidad ingresaron a la Cuenta Única del Tesoro Nacional, desde la cual el Estado cubre todos sus compromisos (gasto corriente y de capital), por lo que auditoría no pudo identificar los proyectos que fueron financiados y si el endeudamiento se destinó exclusivamente para programas de inversión e infraestructura.
En cuanto a los tramos B y C, por USD 1.200 millones, los desembolsos estuvieron atados a la ejecución de los contratos para el sistema ECU-911, modernización de ferrocarriles, construcción de plataformas gubernamentales, infraestructura física, equipamiento, mantenimiento, estudio y fiscalización en salud y a Petroecuador. Auditoría observó que, aunque se trató de inversiones calificadas como prioritarias, no culminaron en los plazos previstos y el Ministerio de Economía no controló que los fondos se hayan destinado a proyectos de infraestructura.
Esta falencia también se observó durante la ejecución del examen especial a la emisión, colocación y canje de bonos del Estado entre enero de 2014 y diciembre de 2016. En la acción de control no se pudo determinar si los recursos provenientes de las negociaciones de Títulos Valores, transferidos desde el Banco Central, se emplearon para el financiamiento parcial del “Programa de inversión para infraestructura económica, a través del financiamiento presupuestario y el manejo de las finanzas públicas”.
Las cinco emisiones de bonos del Estado fueron aprobadas por el Comité de Deuda y Financiamiento y se materializaron a través de 38 operaciones de títulos valores por USD 3.064’545.771, que fueron canjeadas repetidamente por nuevas negociaciones de títulos valores, ocasionando que el Banco no recupere las inversiones al vencimiento de los bonos. En esos procesos, no se consideraron los informes técnicos de las áreas de Programación y Regulación y Operaciones del BCE, que alertaron los posibles riesgos que la entidad asumía si se efectuaban los canjes.
En el caso de las preventas petroleras, realizadas entre 2012 y 2017, auditoría estableció que los ministros de Finanzas no coordinaron con los gerentes generales de Petroecuador, ni regularon la recepción y transferencia de los recursos provenientes de las ventas anticipadas de petróleo, con el objetivo de manejarlos de manera óptima y estandarizada. La ausencia de normativa y uniformidad de procesos originó que se procesen transferencias a través de correos electrónicos y se empleen documentos sin firmas electrónicas.
La ausencia de controles también afectó la operación de crédito suscrita en 2018 con Goldman Sachs, por USD 500 millones. En ese caso, el Banco Central no requirió al Ministerio de Economía y Finanzas un informe trimestral de sostenibilidad fiscal y de la capacidad del país para atender sus obligaciones. Esto ocasionó que no se disponga de instrumentos técnicos específicos, de acuerdo a la normativa aprobada por el BCE, que generen alertas tempranas y recomendaciones para la medición de riesgos relevantes, como un posible evento de default.