TÉRMINOS DE REFERENCIA

GRUPO DE TRABAJO ESPECIALIZADO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN TRANSNACIONAL

        I.            Antecedentes de contexto y Justificación

El destape del modelo de corrupción de Odebrecht en 2014, conglomerado de empresas dedicadas al negocio de la infraestructura, construcción, petroquímica, etc. y que, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América, reconoció haber pagado sobornos por más de 788 millones de dólares para adjudicarse más de cien (100) proyectos en once (11) países de América Latina (DW- Español, 2017) y dos (2) en el continente africano (El Comercio, 2017), significó el descubrimiento de redes de corrupción a nivel nacional y transnacional que mostraron la debilidad de las entidades persecutoras y la falta de coordinación y comunicación entre las mismas.




En lo correspondiente a la actuación de las Entidades de Fiscalización Superior (en adelante EFS), se comprobó, durante la ejecución de los procesos de auditoría, la imposibilidad de asegurar un intercambio de información internacional oportuno que pudiese favorecer un desarrollo eficaz de las labores de control en cada uno de los países afectados por el escándalo de corrupción antes mencionado.

La corrupción ha dejado de ser un problema local para convertirse en un fenómeno transnacional que afecta a todas las sociedades y economías, lo que hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella. En efecto, la Comunidad Internacional, define la corrupción como una plaga con consecuencias corrosivas para la sociedad, toda vez que, afecta indistintamente a países ricos y pobres, teniendo, particularmente, efectos devastadores en el mundo en desarrollo (Naciones Unidas, 2003).

De acuerdo a datos de PNUD, la corrupción, el soborno, el robo y la evasión impositiva les cuestan a los países en desarrollo alrededor de US$ 1,26 billones por año; cantidad de dinero que podría usarse para ayudar a aquellos que viven con menos de $ 1.25 al día por encima de $ 1.25 durante al menos seis años.

La misma organización internacional sostiene que el estado de derecho y el desarrollo tienen una interrelación significativa y se refuerzan mutuamente, por lo que es esencial para el desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional.

Del mismo modo, en la Octava Cumbre de las Américas desarrollada en 2018, se suscribió el denominado Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” en la que los Estados adherentes decidieron, entre otros:

·         Impulsar el establecimiento de un Programa Interamericano de Datos Abiertos, en el marco de la OEA, con el objetivo de fortalecer las políticas de apertura de información, e incrementar la capacidad de los gobiernos y ciudadanos en la prevención y el combate a la corrupción, teniendo en cuenta los importantes trabajos realizados en el ámbito interamericano en esta materia y otras iniciativas regionales y mundiales.

·         Avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros, continuando la implementación, antes de la IX Cumbre de las Américas, de las recomendaciones a