El Contralor General del Estado remitió a la Fiscalía el informe con indicios de responsabilidad penal del examen especial a la adquisición de kits complementarios de alimentos en el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, para el procedimiento legal correspondiente.
El informe resultante del examen realizado por la Contraloría General del Estado establece una serie de irregularidades en la contratación, que devienen en indicios penales.
Los funcionarios del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos solicitaron y recibieron por e-mail dos proformas para participar en el proceso de contratación de los kits, sin especificar los precios unitarios de los productos que los conformarían.
El proveedor adjudicado actualizó su RUC, cambiando su actividad económica principal el mismo día que presentó su oferta a la entidad contratante, esto es 21 de marzo de 2020; el contrato se suscribió el 1 de abril de 2020, sin evidencia documental de la evaluación de la capacidad técnica, legal y económica de dicho proveedor para la ejecución de la adquisición y posterior entrega de los kits de alimentación.
Previo a la contratación no se realizó un análisis pormenorizado de la oferta presentada ni se la comparó con otras ofertas que existen en el mercado, de compañías con mayor capacidad logística y operativa, lo que no permitió contar con una opción más conveniente a los intereses institucionales y con menor costo de contratación.
El contrato se celebró por un valor de 1 182 428,80 USD cuando, según el análisis del equipo de auditoria, debió ser de 706 790,00 USD. Esto se debió a dos razones: 1. Una diferencia de 389 620,00 USD entre el valor unitario de cada kit contratado (150.82 USD) y el costo de mercado (95.16 USD). 2. El contratista adicionó el valor del IVA a todos los productos de cada kit; sin embargo, solo 8 de esos 18 graban IVA, lo que aumentó un valor de 86 049,60 USD.
Las variaciones en los precios de la totalidad de los kits de alimentación, incluido el reajuste del IVA, dan como resultado un valor en más de 475 638,80 USD que representan un 40,23% más en relación al valor total que debió haber tenido el contrato, los cuales no cuentan con los debidos documentos de respaldo.
En relación con precios de mercado, se evidencian diferencias de hasta 7.70 USD en los valores de los víveres; el proveedor del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias cotizó el saco de 10 kilos de arroz grado 2 en 13,86 USD, mientras que en el mercado cuesta 7,99 USD, una diferencia de 5,87 USD. En la carne de res hay un incremento injustificado de 6,43 USD; en el atún de 4,80 USD; en la pasta tipo tallarín de 5,28 USD. Los auditores también reportaron que el guardatodo que fue adquirido por la cartera de Estado en 16,18 USD, cuesta 8,48 USD.
No se solicitó al proveedor el detalle de costos directos e indirectos.
Otras irregularidades están en la ausencia de las fechas de elaboración en los Informes de necesidad, Términos de Referencia e Informe de Idoneidad.
El contratista que recibió la adjudicación no reporta pagos de impuesto a la renta de antes de 2019, año en el que declaró 1.279,26 USD.
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