Tipo de Fuente: Internet
Fuente: Ecuador Inmediato
Sección: Central de Medios
Subsección: Prensa al Día
Fecha de publicación: 15/01/2018

Iván Espinel afronta seis exámenes de la Contraloría General del Estado

Desde que renunció al Ministerio de Inclusión Económica y Social, Iván Espinel Molina asegura que ha seguido dando clases de maestría en Salud, en Guayaquil. Y está retomando las consultas a domicilio, como médico general. El fundador del movimiento Fuerza Compromiso Social dice que ha preparado su defensa frente a uno de los seis exámenes especiales que hizo la Contraloría del Estado a las derivaciones médicas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Espinel y más de 13 exfuncionarios del IESS (entre administradores del contrato, la auditora y subdirectores provinciales) son nombrados en los informes por supuestos pagos excesivos a clínicas privadas.

Específicamente los responsabilizan por la omisión de control a la empresa R.DES Servicios Corporativos, auditora contratada por el IESS. Y por no conformar equipos médicos para verificar las facturas. Un reporte de Contraloría de agosto del 2016 resume que son USD 393 840 061,06 de presunta sobrefacturación, en perjuicio del Estado. Este dato aparece de la revisión de 173 638 expedientes de atenciones médicas, entre el 1 de julio del 2012 y el 31 de agosto de 2015. Para las 08:30 de hoy está prevista la audiencia de formulación de cargos en uno de los casos que lleva la Fiscalía del Guayas. Este, en particular, involucra a 20 personas por el supuesto pago en exceso de USD 65 702 247,41 a una clínica del centro de Guayaquil.

La aceleración de las investigaciones coincidió con la salida del funcionario de la entidad y con las denuncias del ex presidenciable Abdalá Bucaram Pulley, quien advirtió irregularidades en la gestión de Espinel en el IESS. En el 2010 Iván Espinel comenzó su carrera en el IESS como médico en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. En el 2014 ocupó la Subdirección de Control del Seguro de Salud Individual y Familiar. La Contraloría señala una presunta participación del también excandidato a la Presidencia cuando era subdirector, entre el 26 de marzo y el 16 de abril del 2014. “Pero de los 1 156 días que analiza la Contraloría yo solo estuve siete días en el cargo”, afirma.

El resto del tiempo tuvo permiso médico por problemas de salud, según certificados que muestra. Los reportes de Contraloría nombran a Espinel, a otros exfuncionarios del IESS -uno de ellos está actualmente a cargo de un viceministerio-, a los representantes de 12 clínicas y hospitales privados, y a directivos de la empresa auditora. La Contraloría responsabiliza a las clínicas de, supuestamente, incumplir los contratos al no presentar la documentación de respaldo de su facturación. Sobre los funcionarios del IESS indica que no conformaron equipos para supervisar la herramienta de auditoría ni realizaron evaluaciones médicas, para verificar los documentos de las atenciones.

Una de las observaciones del organismo de control es sobre los pagos que se hacían, pese a que superaban los precios establecidos en el Tarifario de Prestaciones para el Sistema Nacional de Salud, aprobado por el Ministerio de Salud. Espinel dice que el pago no era parte de sus competencias. Y que solo debía cumplir delegaciones del Director Nacional de Seguro de Salud, su jefe. Sin embargo, pese a su fugaz paso por la Subdirección de Control, explica que el 2 de abril del 2014 ordenó una revisión de las derivaciones y dispuso la creación de un equipo de seguimiento a las Subdirecciones Provinciales, encargadas del pago.

Un día después pidió elaborar un instructivo para aumentar el control a R.DES Servicios Corporativos. Según los reportes de Contraloría, una artroscopia de rodilla, por ejemplo, estaba valorada en USD 1 106,87 en el tarifario nacional. Pero el 2 de diciembre del 2014 se hizo una en una clínica por USD 13 704,76, que representa más de lo establecido. El fiscal Pedro Intriago formulará cargos en la audiencia de hoy. Él indaga presunto peculado contra 20 personas. En el artículo 278 del COIP, este delito es sancionado con penas de hasta 13 años. La Contraloría elaboró siete informes que implican a Espinel (cinco en Guayaquil y dos en Quito), pero uno fue archivado.
 


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