Dos enormes estructuras sobresalen entre las edificaciones que componen el paisaje de Quito: una en el sur, en Quitumbe, y otra en el norte, en Iñaquito. Juntas suman 206 858 m2 de construcción; esto es, cinco veces el área de construcción del estadio Olímpico Atahualpa. Se trata de las Plataformas Gubernamentales, que el régimen anterior concibió como espacios para albergar a 7 664 funcionarios de entidades públicas del sector financiero y social, y que el actual Gobierno incluyó, hasta noviembre del 2017, en un listado de 523 obras con problemas. Las dos infraestructuras, que fueron contratadas por USD 296 millones, tienen actas de recepción provisional, debido a que la fiscalizadora Espe-Innovativa hizo observaciones que deben ser subsanadas por las contratistas.

Los costos finales de estas obras, según el Servicio de Contratación de Obras (Secob), tuvieron una reducción de USD 22,4 millones con relación a lo firmado inicialmente. Pero las dos plataformas, que tienen menos de dos años de funcionamiento, ya han registrado incidentes. El 1 de agosto pasado, en la Plataforma de Gestión Social, en Quitumbe, se desprendieron del techo pedazos de tableros de yeso. No se registraron heridos. Al consultar a Jorge Wated, director del Secob, sobre si este tipo de problemas ameritaba sanciones respondió: “¿Qué sanciones? ¿Por la caída de un tablero de gypsum? Gracias a Dios no hubo afectaciones de vidas. Que responda el fiscalizador, pero eso no es para una sanción”. Antes de este incidente, el 15 de mayo del 2017, cuando estaba por inaugurarse, una fuerte lluvia inundó la Plataforma de Gestión Financiera, en Iñaquito.

Luego de eso, el expresidente Rafael Correa anunció que se construiría un colector, en un plazo de 90 días. Un año y tres meses después, la firma china que se adjudicó la obra, China CAMC, confirmó que el colector no se levantó. Yang Liang, gerente de esta empresa, dijo que la inundación se dio porque el colector de agua de la calle Villalengua colapsó y que China CAMC no tenía la responsabilidad de construir uno nuevo. Según Liang, en septiembre se cumplirá un año desde que se firmó el acta de recepción provisional de esta obra. Los temas observados hasta el momento, añade, corresponden a daños causados por los funcionarios durante el proceso de mudanza y durante el tiempo de uso de las instalaciones, que está ocupada desde mayo pasado.

Entre las observaciones están “pisos rotos y vidrios dañados”, dijo. 14 entidades funcionan en este espacio. Dos entes aún deben mudarse, según Inmobiliar: la Secretaría de Comunicación y la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas. El Banco Central, que se debía instalar en el edificio, ya no irá, informó Inmobiliar, aunque no especificó las razones. El informe de Contraloría DNA1-0020, aprobado el 20 de marzo del 2018, da cuenta de que el administrador del contrato del Secob y la fiscalizadora aprobaron ajustes al diseño, sin determinar los beneficios económicos para el Secob.

Con ello, según el ente, se inobservó el numeral 6 de la invitación efectuada a la firma china en el proceso de régimen especial, que señala que el valor de la obra “se pagará considerando que se construya con el diseño entregado por el ente requirente”. El monto final de la obra se redujo en USD 22,6 millones, según Contraloría, aunque Secob habla de 19,71 millones. La Contraloría anota, además, que la fiscalizadora calificó el plan de ajustes como “factible” e identificó que “en el cálculo estructural original del proyecto se aplicaron algunos criterios que conducen a un sobredimensionamiento de la estructura”.

En todo caso, el ahorro generado no es para el Fisco. Al menos así lo cree el vocero de la firma china, quien señala que independientemente de los cambios, el monto del contrato no varió porque es a “precio fijo”. Añade que hizo los ajustes por pedido del Gobierno. Cita, por ejemplo, que, en diciembre del 2016, Inmobiliar solicitó que el edificio tenga espacio para 700 puestos para más funcionarios. Por ese requerimiento se otorgó una prórroga de tres meses y fue entregado en abril de ese año. Por las observaciones de la fiscalizadora y otros cambios, acota Liang, la firma incurrió en gastos de unos USD 6 millones adicionales, que fue asumido por la empresa.

La Plataforma Social también requirió ajustes. Tecnovía, un consorcio de capitales de Ecuador y Portugal, debía entregar la obra en un plazo de 450 días, que vencía el 13 de diciembre del 2016. Luego de tres suspensiones parciales y cuatro prórrogas al plazo, el tiempo se extendió a 28 meses. La primera suspensión parcial, de 45 días, se autorizó el 18 de julio del 2017. Según la enmienda tres del contrato, la prórroga se solicitó hasta que se hagan los trámites y otros procesos para implementar la infraestructura física de los sistemas eléctricos y electrónicos para el equipamiento marca país y señalética pedidos por Inmobiliar y que no eran parte del contrato. Otra ampliación de 90 días se autorizó para trabajos de tumbado en volados exteriores y tapajuntas verticales, dispuestos por Secob el 20 de octubre del 2017. Estos trabajos no estaban en la tabla de rubros referenciales.

Esta obra se construyó con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Europeo de Inversiones por USD 98,75 millones, y según Secob registra un monto final de USD 95,99 millones. La contratista acumuló USD 536 018 en multas hasta febrero del 2018. Entre ellas por “no contar con el personal clave conforme a lo estipulado en el contrato”, no cumplir con la norma ambiental, o la entrega de la ropa de trabajo. Wated no aclaró por qué variaron los precios si ambos contratos se firmaron a monto fijo. Secob informó que aún se revisan los valores finales, pues la liquidación de los contratos aún no termina. Pág. 2