Unidades Educativas del Milenio construidas en predios que no estuvieron legalizados

 

En diciembre de 2019, la Contraloría General del Estado (CGE) aprobó los informes DPGY-0072-2019 y DNA2-0046-2019, exámenes ejecutados sobre el programa de dotación de Unidades Educativas del Milenio (UEM) en Guayas, Napo, Orellana, Morona Santiago, Pastaza y Sucumbíos. Las acciones de control analizaron la contratación de obras, estudios, fiscalización, uso, convenios y compromisos de cooperación interinstitucional, con los que se ejecutaron las obras entre los años 2013 y 2018.

Se determinaron varias irregularidades, como la suscripción de contratos sin contar con predios legalizados para la realización de obras, en las unidades educativas del Guayas, Autoridad Portuaria 2, Autoridad Portuaria 3, el Fortín. Esto ocasionó que se declare la terminación anticipada y unilateral de los contratos, dilatando la prestación del servicio a la comunidad.

El equipo de control identificó que los centros educativos Autoridad Portuaria 2, Autoridad Portuaria 3, el Fortín, Samanes y Colegio Militar No 9, Eugenio Espejo, no se construyeron bajo los mejores criterios técnicos, económicos y ambientales.

En el caso de la UEM Tipología Mayor Playas, las obras demoraron 570 días en iniciarse. En la actualidad, el proyecto se encuentra suspendido indefinidamente debido a omisiones en la preparación de planos para la construcción, que provocaron incrementos en las cantidades de obra y la suscripción de dos contratos complementarios.

En cinco UEM del Oriente no se realizaron estudios de suelos y cimentación. Se construyeron sin permisos Municipales, ni planos aprobados. Estas irregularidades acarrearon el incremento en los costos y plazos, así como la suscripción de contratos complementarios que superaron el 70% del monto original.

Los auditores también dan cuenta del incumplimiento de especificaciones técnicas, filtraciones en las losas, ausencia de controles sobre las obras efectivamente ejecutadas, estructuras que no cumplieron el objetivo para el cual se requirieron, generando pagos en exceso, sin justificación técnica ni legal.