En 2019, Contraloría aprobó 1.601 informes de auditoría gubernamental


La fiscalización permanente sobre los bienes y recursos públicos garantiza transparencia en la gestión de las entidades del Estado. Los resultados de este ejercicio se observan de forma particular en cada informe de examen especial, de acceso público a través de la página web de la Contraloría, que contienen conclusiones y recomendaciones dirigidas a perfeccionar la administración de los recursos.

De manera general, los indicadores de gestión permiten dimensionar el trabajo que realizan los equipos de control a nivel nacional. Por ejemplo, durante 2019 las direcciones provinciales y nacionales de auditoría aprobaron 1.601 informes.

La Constitución también faculta a la Contraloría a establecer multas, sanciones civiles e indicios de responsabilidad penal, ante el incumplimiento de la normativa vigente, el dispendio de recursos y posibles actuaciones dolosas.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 se emitieron 2.720 resoluciones de multas, por un monto de USD 4’833.063. Las sanciones se establecieron debido a la inobservancia de las disposiciones normativas vigentes por parte de funcionarios públicos, durante su periodo de actuación en el cargo, por lo que la gravedad de la falta se establece en concordancia con el nivel de responsabilidad.

Siguiendo la línea constitucional, también se suscribieron 2005 resoluciones de responsabilidad civil (glosas y órdenes de reintegro) que suman USD 744’609.830, en contra de servidores estatales y contratistas. Como resultado de la acción coactiva, el organismo de control emitió 699 títulos de crédito, lo que permitió recaudar USD 6’900.850 para las arcas estatales.

En 275 informes se señalaron posibles delitos cometidos contra la eficiencia administrativa del Estado, por lo que se puso en conocimiento de la Fiscalía General del Estado a través de informes con indicios de responsabilidad penal.



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