Contraloría auditará a los hospitales del Ministerio de Salud y del IESS de Quito. También intervendrá al Registro Civil

La mañana del martes 5 de mayo, el contralor del Estado, Pablo Celi, dispuso la ejecución de 8 nuevos exámenes especiales a las compras públicas para atender la emergencia sanitaria por la Covid-19, en los hospitales del seguro social y del Ministerio de Salud Pública (MSP) de Quito. Estas acciones de control de recursos públicos se suman a otras 36 que están en ejecución.

La Dirección Nacional de Auditoría de Salud y Seguridad Social (DNA7) analizará la adquisición de dispositivos médicos de uso laparoscópico del área de cirugía, en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo.

En los hospitales Carlos Andrade Marín y San Francisco, las respectivas unidades de auditoría interna observarán los procesos de contratación, recepción y distribución de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, bienes y servicios, para abastecimiento de la emergencia sanitaria.

LA DNA7 también auditará la adquisición de dispositivos médicos de uso general en los hospitales General del Sur de Quito, Pablo Arturo Suarez y Docente de Calderón. Los procesos de compra a intervenir serán los que se efectuaron desde el 1 de enero al 5 de mayo de 2020.

La Dirección de Auditoría de la Administración Central (DNA1) examinará el registro e inscripción de defunciones del 16 de marzo al 30 de abril de 2020, en el Registro Civil.

Con este trabajo, la Contraloría busca establecer que las adquisiciones se realizaron para solventar la emergencia sanitaria, en función de necesidades bien definidas y justificadas. Además, que los recursos públicos se utilizaron con eficiencia, garantizando el trato justo para el Estado, así como el cumplimiento de las obligaciones de cada entidad pública.

Es importante recalcar que el uso de procedimientos de emergencia o régimen especial está regulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento de Aplicación, que se fundamentan en la obligación que tienen los funcionarios públicos de resguardar los intereses estatales. En este sentido, los bienes y capitales del erario deben emplearse en beneficio de la sociedad.