Contralor advierte ilegalidad en Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas

 

El pasado jueves, el contralor general del Estado, Pablo Celi, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea, en donde hizo observaciones al proyecto de Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas. 

Según indicó la máxima autoridad de control, el proyecto que impulsa el Ministerio de Finanzas tiene al menos tres inconvenientes, relacionados con las competencia y funciones, la responsabilidad de realizar auditorías y la determinación de sanciones, que constitucionalmente corresponden a la Contraloría. 

En una entrevista radial, el martes 12 de mayo explicó en detalle que el proyecto de ley, en estos tres aspectos, contiene elementos de inconstitucionalidad. 

En el primer caso, aclaró que la Contraloría General del Estado es el organismo que tiene la responsabilidad de cuidar de los recursos públicos. Así lo establece el artículo 211 de la Constitución de la República.  “Es un organismo técnico, encargado del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Sustituir esta figura por entes de control en cada entidad es una ligereza que no debe pasar en la Ley”, indicó el contralor, refiriéndose al capítulo de medidas preventivas y correctivas, propuesto por el Ministerio. 

El segundo punto tiene que ver con “el informe del Ministerio de Economía y Finanzas”. El proyecto plantea que esta entidad emitirá un informe que, “solo podría tener una función de cumplimiento presupuestario o de corrección presupuestaria. En ningún caso puede tener una función de control”, explicó Celi. 

El tercer inconveniente tiene relación con el marco sancionatorio. La Constitución de la República señala que la Contraloría es el organismo que debe determinar sanciones, que pueden ser administrativas y civiles culposas. También está facultada a emitir indicios de responsabilidad penal, como resultado de las auditorias gubernamentales que realiza. 

En este caso, el Ministerio de Finanzas no puede ser juez y parte. “Atribuirle funciones sancionatorias invade las competencias de la Contraloría y, por otro lado, introduce una gravísima distorsión que puede dar lugar a una interpretación de doble juzgamiento por parte de quienes estén interesados en inhibir las acciones de control”, señaló.

Según la propuesta de ley, si el Ministerio de Finanzas detecta incumplimientos del saldo primario no petrolero se emitirá una advertencia motivada a la entidad responsable, que deberá adoptar correctivos en un mes para mitigar el riesgo o evitar el efecto. También se informará al ente de control de cada institución y a la Contraloría. 

El cuerpo legal, que espera el pronunciamiento del legislativo, contempla un título de responsabilidades y sanciones. Allí, se responsabiliza a la máxima autoridad de cada entidad y a los funcionarios encargados del manejo presupuestario, de la gestión y cumplimiento de las metas y objetivos, así como de observar estrictamente las asignaciones aprobadas. 

Según el artículo 179 de la propuesta normativa, estos funcionarios serán sancionados si comenten cinco infracciones: contraer compromisos, celebrar contratos o autorizar obligaciones sin certificación presupuestaria; emitir documentos fiscales fraudulentos; emitir certificaciones presupuestarias por encima del techo presupuestario institucional y de gasto; negar envío de información solicitada por el ente rector de las Finanzas Públicas; y, realizar compromisos presupuestarios sin identificar fuentes de financiamiento.  

Establece la pena de destitución en caso de incurrir en alguna de las infracciones previstas. El código propone que el incumplimiento de obligaciones se sancione según lo previsto en la norma que regula el servicio público, imponiendo multas o destitución en caso de falta grave. Ante esto, el contralor indicó que tan solo existe un sistema de control. “Se le está dando al Ministerio facultades que son de la Contraloría”, concluyó.



 



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