3
informes con indicios de responsabilidad penal en contratos del área salud
La
Contraloría General del Estado aprobó 3 informes con indicios de
responsabilidad penal (IRP). Los análisis de auditoría se efectuaron sobre la
adquisición de bolsas para cadáver adulto en los Hospitales de Los Ceibos y
Guasmo Sur. El tercer informe relata las anomalías identificadas en el contrato
de construcción del Hospital Básico de Pedernales de 30 camas, celebrado en el Servicio
de Contratación de Obras, SECOB, por USD 15’780.166,77.
En
Manabí, los funcionarios del SECOB encargados de revisar la documentación no
verificaron la validez legal de las garantías de buen uso de anticipo y de fiel
cumplimiento del contrato para la construcción de la obra, emitidas por la
Cooperativa de Ahorro y Crédito “La pequeña empresa de Pastaza”.
El asesor legal de la financiera certificó que TIPPMANN S.A. -la contratista- no es su cliente y no ha adquirido ninguno de sus productos; que las garantías por USD 789.008,34, para avalar el fiel cumplimiento del contrato, y por USD 7 890 083,39, otorgadas a favor del SECOB, no fueron suscritas por la cooperativa.
En
septiembre de 2019, a través de un informe, la administradora del contrato puso
esta información en conocimiento de las autoridades del SECOB y recomendó que
se deje sin efecto la solicitud de la transferencia del anticipo, con el fin de
salvaguardar los intereses del Estado. Sin embargo, en contra de lo establecido
en la ley, el ex director general de SECOB dispuso que se conceda 5 días para
que el representante de la empresa entregue las garantías, permitiendo que se
mantenga suscrito un contrato sin que los recursos a desembolsar estén garantizados.
Por
otro lado, en los hospitales de Guayaquil las bolsas para embalar cadáveres se
adquirieron con una diferencia de, al menos, USD 137 cada unidad. En los
valores globales se observan sobrevaloraciones porcentuales de 1.283 % en el
Hospital del Guasmo Sur y 1.311 % en el Hospital Los Ceibos, por 144 y 4.000
bolsas, respectivamente. Los informes penales permiten concluir que la suma de
ambas adquisiciones no debía superar los USD 46.910, pero da como resultado USD
614.917.
En
los dos casos se señalan irregularidades en la fase precontractual, que
beneficiaron a los contratistas. En los Ceibos, los funcionarios responsables
no justificaron por qué no se buscó a otros proveedores del Estado, para
garantizar calidad y mejores costos. No se consideró que en el portal de
compras públicas constan adquisiciones realizadas por otras entidades con
precios muy inferiores a los propuestos por el proveedor.
En
el Guasmo Sur se invitó a participar directamente a un proveedor que no está
registrado en el Clasificador Central de Productos con el código para ofertar
esos insumos médicos. Tampoco ha realizado pagos del Impuesto a la Renta.
Estas
contrataciones evadieron los procedimientos de la Ley Orgánica del Sistema
Nacional de Contratación Pública. Se limitó la participación de otras
compañías, no se elaboraron estudios de mercado ni especificaciones técnicas de
los productos, para conocer precios referenciales.
La
falta de diligencia en la administración de los recursos públicos se pondrá en
conocimiento de la Fiscalía General del Estado, para que continúe con las
investigaciones pertinentes. Previamente se remitieron informes con indicios
penales por la adquisición de insumos y dispositivos médicos en el IESS y por
la compra de kits alimenticios, en el Servicio Nacional de Riesgos y
Emergencias.
