Contrataciones irregulares perjudican al Estado en más de USD 17 millones

Al revisar la historia moderna es difícil encontrar un momento tan desafiante para los estados, de todo el mundo. Tal vez el horror de las guerras mundiales sea comparable, aunque en ese caso no se vieron involucrados todos los gobiernos, que deben intervenir en varios frentes al mismo tiempo para solventar los estragos del virus.

No solo se trata de un problema de salud pública. Tiene repercusiones en lo social, económico, en la educación, en las formas de relacionarnos, de vivir en comunidad, de trabajar, de ejercer la justicia, de ocupar el espacio público. Mientras avanza la pandemia los problemas se vuelven dinámicos y diversos. En la mayoría de los casos, el Estado tiene la responsabilidad de resolverlos.

En este contexto, frente a la emergencia sanitaria, las compras públicas se multiplicaron. Hospitales, municipios, prefecturas, empresas, agencias, fundaciones, ministerios expresaron la necesidad de adquirir elementos que les permitan defender a la población del coronavirus.

En el caso del sector público, la mayoría de los contratos se celebraron luego de aplicar procedimientos de régimen especial, que permiten la invitación directa a proveedores, justificando adecuadamente la selección del contratista. La determinación del presupuesto referencial debe ser transparente, procurando detallar precios unitarios y enfocado en obtener las mejores condiciones económicas para la entidad.

En algunos casos estas condiciones no se respetaron, actuando arbitrariamente en las distintas fases contractuales. Los auditores identificaron que se limitó la participación de oferentes con mayor experiencia y capacidad operativa. No se empleó el Portal de Compras Públicas para buscar proveedores y referencias de costos en contrataciones anteriores.

Los errores y omisiones administrativas se detallan en los informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) remitidos a la Fiscalía. El colofón es la sobrevaloración de bienes, que suma USD 17’887.852. Este monto se desprende de las inconsistencias observadas durante los exámenes a la adquisición de bolsas para cadáveres, insumos y dispositivos médicos, ventiladores mecánicos, pruebas rápidas COVID-19, servicios de desinfección, kits de alimentos. También incluye el anticipo no devengado de la construcción del Hospital de Pedernales, por USD 8’214.000.