Presidente de la FTCS rindió cuentas ante el legislativo

La mañana del martes 28 de enero, en la Asamblea Nacional, el contralor del Estado y presidente de la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), Pablo Celi de la Torre, presentó su informe de rendición de cuentas a los legisladores.

Cumpliendo lo dispuesto en la Constitución, durante el año 2019, el Comité de Coordinación de la FTCS -conformado por los titulares de las entidades que la integran- elaboraron y aprobaron el ‘Plan Nacional de Integridad Pública y Lucha Contra la Corrupción 2019-2023’.

Esta herramienta busca promover la integridad en la utilización de recursos públicos. También propende a fortalecer la acción ciudadana en sus diversas formas de organización, así como los mecanismos de coordinación y cooperación interinstitucional pública y privada, para la prevención y lucha contra la corrupción.

Siguiendo la línea de estos objetivos estratégicos, en 2019 las instituciones que forman parte de la quinta función del Estado aprobaron 19 mil acciones de control. El listado da cuenta de la ejecución de auditorías gubernamentales, investigaciones defensoriales, visitas y supervisiones, según las atribuciones legales de cada organismo.

Además, se enviaron 361 casos a la Fiscalía General del Estado (informes con indicios de responsabilidad penal y denuncias), para que efectúe las acciones pertinentes. También se emitieron 37 mil sanciones civiles y administrativas por parte de las entidades que tienen capacidad para establecer responsabilidades, como la Contraloría y las Superintendencias.

El presidente de la Función expuso otros indicadores, como el número normas emitidas en este periodo: 92 en total; los trámites ciudadanos resueltos: 240 mil; seminarios, talleres, cursos, congresos y eventos de socialización con ciudadanía: 4.947, en los cuales se instruyeron sobre competencias institucionales, mecanismos de participación ciudadana y control social más de 106 mil personas.

En su intervención, Pablo Celi indicó que Ecuador necesita una gestión pública transparente, responsable y ética. Este desafío obliga a superar las prácticas aberrantes que han hecho uso de la gestión gubernamental, como instrumento de apropiación y abuso de los recursos estatales, divorciándola de los grandes objetivos sociales, empobreciendo las políticas públicas y disponiendo dispendiosamente los recursos, que siendo de la sociedad, se administran desde el Estado.



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