CONTRALORÍA APROBÓ 732 INFORMES

EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019



La Contraloría General del Estado, como ente respetuoso de los principios democráticos, soporta su accionar en la transparencia y la rendición de cuentas. La aplicación de estos preceptos garantiza que la ciudadanía tenga acceso permanente a los resultados de las acciones programadas y ejecutadas, en el ámbito de las competencias del control público.
 
La evaluación sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión, efectuada al finalizar el primer semestre de 2019, permitió observar el desempeño institucional en torno a las áreas de control y responsabilidades.
 
En cuanto a la primera, de enero a junio la Contraloría aprobó 732 informes generales y penales, referentes a las operaciones de las instituciones del sector público y de las entidades de derecho privado que manejan fondos del erario.
 
En cuanto a las responsabilidades -dispuestas en ejercicio de la potestad sancionatoria de la institución-, durante este periodo las glosas y órdenes de reintegro suman USD 625´244.750 y se confirmaron multas por USD 4´067.206. Además, se recaudó USD 4´265.336, como resultado de la labor de coactivas.
 
Estas cifras permiten comprender la dimensión de la labor que realiza la Contraloría. Para cumplir las metas propuestas, el organismo técnico cuenta con 8 direcciones nacionales de auditoría, 23 direcciones provinciales y una Dirección Nacional de Auditorías Internas.
 
Dentro de cada ámbito se han efectuado exámenes que permiten conocer la situación de la administración pública. Los informes generales contienen información valiosa sobre las actuaciones reñidas con la norma y las omisiones en la aplicación de la ley, resultado de decisiones adoptadas por funcionarios públicos en distintos niveles de responsabilidad.
 
A continuación, se reseña el trabajo de auditoría en torno a tres temas específicos: el traspaso y administración de fondos previsionales complementarios, prevención de delitos sexuales en el sistema educativo y se reseñan las conclusiones alcanzadas en la explotación de proyectos mineros.

Análisis de la legalidad en el traspaso de los Fondos complementarios Previsionales Cerrados al IESS

En febrero se aprobó el informe del examen especial al cumplimiento de los requisitos para el traspaso de los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC) y su administración, en el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, BIESS.
 
La auditoría determinó que, previo a la transferencia, no se verificó el aporte de recursos públicos a los fondos a través de informes finales de auditoría externa, requisito indispensable para realizar esta operación. Además, no se actualizó el reglamento para la organización y funciones del Comité de Inversiones, por lo que los fondos permanecieron sin generar rentabilidad.
 
Los representantes legales y administradores de los fondos fueron designados sin concurso de méritos y se concedieron préstamos a los empleados de los Fondos de Jubilación y Cesantía sin ser partícipes de los mismos.

 Implementación de planes para erradicar delitos sexuales en el sistema educativo

En este tema tan sensible, los auditores concluyeron que el Plan para la erradicación de delitos sexuales en el sistema educativo no se ejecutó, lo que insidió en el incremento de casos de violencia sexual.
 
Los ministros de Educación que cumplieron funciones entre los años 2011 y 2017, no ejecutaron acciones que previnieran los delitos sexuales en las escuelas y colegios del país, ni gestionaron ante las instancias correspondientes los recursos necesarios para ello. Tampoco establecieron políticas y normas que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Plan, situación que se mantuvo hasta junio de 2017.
 
Como ejemplo de la ausencia de protocolos, las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, entidades a cargo de solventar estos problemas, mantuvieron archivadas denuncias desde 2015.

Operaciones mineras

La Contraloría efectúa exámenes a los procesos de exploración y explotación de recursos naturales en el marco de auditoría integral, que incluye el análisis de la legalidad, el cumplimiento de los aspectos técnicos, la evaluación sobre los impactos sociales y las afectaciones al ambiente.
 
Bajo estos criterios, en 2019 se aprobaron los exámenes especiales a los proyectos Cascabel y Llurimagua. Durante las acciones de control se evaluó el cumplimiento de la normativa constitucional y legal aplicable en los procesos de concesión y ejecución de las actividades extractivas.
 
Las auditorias develaron la ausencia de estudios ambientales y de medidas para minimizar la afectación a cuerpos de agua, flora y fauna. En el caso de Llurimagua (Imbabura), el informe relata que los técnicos del Ministerio del Ambiente establecieron, sin sustentos legal ni técnicos, que la consulta previa a los habitantes de la zona de influencia no era aplicable, en contradicción a lo que establece la sentencia de la Corte Constitucional del 13 de abril de 2010.




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