Reporte de control público
Sobre la base de los informes de exámenes especiales aprobados, la Contraloría General del Estado (CGE) efectúa el análisis de las conclusiones de las auditorías, para identificar falencias recurrentes en la aplicación de la normativa, relacionada con la administración de los recursos públicos.
Los resultados de este estudio se exponen a continuación, con el objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a los resultados de la gestión institucional, conforme buenas prácticas implementadas por entidades fiscalizadoras superiores (EFS) de la región y del mundo, de manera que el ejercicio del control social se efectúe de manera efectiva.
El acceso a los productos de fiscalización, como los informes generales de auditoría, no es suficiente para promover la participación ciudadana en los asuntos de interés público, por lo que es necesario buscar mecanismos para comunicar el trabajo institucional de forma íntegra y orgánica, evitando las atomizaciones.
Este análisis evidencia cuantitativamente la persistencia de ciertas actuaciones, en periodos y ámbitos de gestión específicas. En este caso se abordan las contrataciones realizadas para solventar la emergencia sanitaria. Estos resultados también facilitarán la adopción de soluciones puntuales y pertinentes, para evitar pérdidas en los patrimonios institucionales por causas prevenibles.
El análisis se efectuó sobre las conclusiones de auditoría, que constan en una muestra seleccionada de forma aleatoria, compuesta por 103 informes generales de auditoría gubernamental. En el estudio se incluyeron acciones de control efectuadas a agencias de regulación y control, hospitales de la red pública de salud, instituciones adscritas al Ejecutivo, gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, empresas públicas, banca pública e instituciones de educación superior.
Falencias recurrentes en la gestión de los recursos públicos durante la emergencia sanitaria
Luego del análisis de las conclusiones, se obtuvieron los siguientes resultados:
1. Falencias en la publicación de información relevante de los procesos de contratación
En 39 informes constan conclusiones referentes al cumplimiento de los principios de publicidad y transparencia, dispuestos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Los funcionarios de las entidades contratantes no publicaron oportunamente información de los procedimientos de emergencia en el Portal del Sistema Nacional de Contratación Pública, afectando a la transparencia en la gestión de los recursos públicos y el acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, para que ejerza acciones de control social.
2. Deficiencias en la determinación del presupuesto referencial de las contrataciones
En 37 informes de auditoría se establecieron conclusiones relacionadas con irregularidades, falencias y omisiones en la determinación del presupuesto referencial de las contrataciones.
Esto implica que las entidades contratantes no efectuaron procedimientos para garantizar costos y condiciones que beneficien a las entidades públicas, como:
Las deficiencias en la definición del presupuesto referencial de las contrataciones, derivaron en la contratación de proveedores que no cumplieron los requisitos para contratar o en diferencias injustificadas de los costos de los productos y servicios, frente a los costos del mercado o a los pagados por otras entidades públicas.
3. Proveedores seleccionados no cumplieron los requisitos legales para contratar con el Estado
En la muestra analizada, en 33 informes de auditoría se estableció que los proveedores seleccionados por las entidades no cumplieron los requisitos para suscribir contratos con el Estado. Sin embargo, fueron habilitados y contratados.
Los contratistas incurrieron en inhabilidades, como la ausencia de permisos para elaborar y/o distribuir los productos o brindar los servicios requeridos por las instituciones públicas.
En otros casos, no estuvieron inscritos en el Sistema Nacional de Compras Públicas, no contaban con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) ni constaban en el Registro Único de Proveedores (RUP).
También se identificó contrataciones celebradas, aunque la actividad económica registrada del proveedor no concordó con el objeto de las contrataciones o no cumplieron con los requisitos establecidos en los pliegos y términos de referencia, por lo que debieron descalificarse.
La contratación de proveedores que no cumplen los requisitos legales y técnicos señalados en la ley, ocasiona que no se pueda garantizar el cumplimiento cabal de los contratos en situaciones de emergencia, ni el uso eficiente de los recursos públicos.
4. Diferencias de precios en perjuicio del Estado
En 28 informes de auditoría los equipos de control señalaron que los precios que pagaron las instituciones públicas, por bienes y servicios, fueron más altos en relación con los pagos efectuados, por los mismos productos, por otras entidades del Estado ecuatoriano (o, inclusive, por los mismos organismos públicos), en procesos de contratación anteriores.
Esta deficiencia ocasionó que las instituciones públicas no garanticen la eficiencia en uso de los recursos estatales y que disminuya la disponibilidad de los presupuestos para atender otras obligaciones.
5. Deficiencias en la elaboración de especificaciones técnicas
En 22 informes de auditoría gubernamental aprobados, se estableció que los servidores de las instituciones del Estado no elaboraron especificaciones técnicas, suficientes y completas, que caractericen los bienes y/o servicios a adquirir para enfrentar la emergencia sanitaria.
Las conclusiones de los exámenes señalan que no se identificaron y señalaron, en la documentación preparatoria, las especificaciones mínimas de los requerimientos institucionales.
En otros casos, las especificaciones se prepararon sin observar las disposiciones legales vigentes que regulan este aspecto o que no se detallaron las cantidades necesarias para cubrir las necesidades institucionales.
Exámenes sin observaciones en torno a la gestión de los recursos públicos
En la muestra utilizada para este análisis, en 6 exámenes especiales los auditores determinaron que se respetó la normativa aplicable a los procedimientos de emergencia, en las contrataciones realizadas para responder a las contingencias ocasionadas por el virus que causa la Covid-19, lo que representa el 6 % de las auditorías de la muestra analizada.