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    Historia

     

    Como resultado del asesoramiento que la Misión Kemmerer prestó al país, el 2 de diciembre de 1927 entró en vigencia la Ley Orgánica de Hacienda. Este cuerpo legal creó, entre otras instituciones, la Contraloría General de la Nación, como departamento independiente del gobierno. La institución nació con el objeto de realizar el control fiscal, compilar cuentas y constituir la oficina central de la contabilidad del Estado.

    Con el decreto “Ley 1065-A” se reformó la ley Orgánica de Hacienda de 1927. Estas enmiendas fueron codificadas en 1960 y establecieron que la Contraloría debe contar con un sistema moderno de control (Sistema Integrado de Administración Financiera y Control), con el fin de precautelar la administración, efectiva y eficiente, de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado.

    La misión y funciones de la Contraloría General se detallaron a nivel constitucional, por primera vez, en la Constitución de 1945. El organismo asumió la función de cuidar la correcta recaudación e inversión de los fondos del Estado y adquirió autonomía administrativa.

    La Constitución de 1967, en el Título X, se cambió la denominación de "Contraloría General de la Nación" por “Contraloría General del Estado”. Esta modificación, más que nominal, respondió a la necesidad de alinear las funciones institucionales con la definición del Estado como organización jurídica y política. Además, reafirmó su papel como el organismo de fiscalización y contabilidad de la hacienda pública.

    En 1977 se expidió la Ley Orgánica de Administración Financiero y Control (LOAFYC), que se publicó en el Registro Oficial 337, de 16 de mayo de ese año. Este cuerpo legal sustituyó a la Ley Orgánica de Hacienda Codificada de 1960. La LOAFYC contenía las normas fundamentales para la estructura y funcionamiento de la Contraloría General del Estado e instauró el sistema de control gubernamental moderno de los recursos públicos.

    Esos avances se consolidaron con la Constitución de 1979, que definió a la Contraloría como un organismo técnico y autónomo, que aplica técnicas especializadas y normas específicas para cumplir con su misión, superando así la concepción del control como un ejercicio contable.

    La Constitución de 1998 definió a la entidad como el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera. Entre sus atribuciones constaban: controlar ingresos, gastos, inversión, utilización de recursos, administración y custodia de bienes públicos.

    También estaba facultada para realizar auditorías de gestión a las entidades y organismos del sector público y sus servidores; pronunciarse sobre la legalidad, transparencia y eficiencia de los resultados institucionales; dictar regulaciones de carácter general para el cumplimiento de sus funciones y asesorar cuando se le solicite, en las materias de su competencia.

    Las disposiciones constitucionales y el nuevo modelo de control público se efectivizaron en 2002, con la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado. Esta norma dirige el actual Sistema de Control, Fiscalización y Auditoría del Estado, que está estructurado por dos componentes: control interno y externo.

    En la Constitución del 2008, la Contraloría pasó a integrar la Función de Transparencia y Control Social (FTCS), conocida como la quinta función del Estado, manteniendo la categoría de organismo técnico encargado “del control de la utilización de los recursos estatales y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos”.

    En casi 100 años de historia, la Contraloría General dejó de ser la oficina de contabilidad e intervención fiscal, para constituirse en un organismo superior de control de los recursos de las entidades del sector público, con la facultad de observar las operaciones financieras y administrativas de las entidades públicas o privadas que manejen recursos estatales. Además, asumió la competencia de verificar el cumplimiento de los objetivos y el uso eficiente del patrimonio, a través de auditorías de gestión.

     

     



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