La Contraloría General del Estado, a través de su Delegación en Cotopaxi, aprobó el informe DR9-DPC-0019-2018 del “Examen especial al proceso de reclutamiento y selección de personal por nombramiento, contrato y sus remuneraciones, en la Gobernación de la Provincia de Cotopaxi”. El objetivo de esta acción de control fue determinar el cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y demás normativa.  

El mencionado informe se encuentra publicado en la página web institucional y contiene los siguientes hallazgos.

1. No se encontró documentación de respaldo, ni se mantuvo un orden cronológico por medio de un sistema de archivos de los expedientes, ni se generó información suficiente que respalde las fases de los procesos de reclutamiento y selección de personal, lo que no permitió verificar si las evaluaciones realizadas correspondieron a los perfiles constantes en las hojas de vida. Tampoco se dispuso de toda la documentación que sustentó el proceso de reclutamiento y selección de personal, puesto a que, la plataforma tecnológica, una vez concluidos los concursos, no permite visualizar el proceso ni la existencia de observaciones, por parte del Instituto Nacional de Meritocracia a los procesos.

 

2. 27 contratos de servicios ocasionales fueron renovados sin contar con informes de monitoreo, supervisión y evaluación de resultados de las unidades a las que pertenecen las vacantes, lo que no permitió conocer si los servidores cumplieron las actividades asignadas en cada una de las unidades requirieres.

 

3. Se realizó la contratación de personal para determinados cargos, sin que los servidores hayan cumplido con los perfiles, conforme se determinó en los informes desfavorables emitidos por la Unidad de Talento Humano, en los que se indicó que los postulantes no cumplían con el perfil del puesto, a pesar de esto, se autorizó su vinculación laboral con la Gobernación Provincial de Cotopaxi, lo que ocasionó que se contrate a personal sin la experiencia requerida para que cumpla las actividades inherentes a su cargo.

 

4. Se realizaron concursos de méritos y oposición, así como la contratación de personal, encontrándose inconsistencias en el proceso de reclutamiento y selección, debido a que se tomaron decisiones sin tener en cuenta informes favorables ni disponibilidad presupuestaria, tampoco se establecieron controles que permitan evidenciar el cumplimiento del proceso de reclutamiento y selección de personal, ni realizaron un análisis de las hojas de vida, aplicando un criterio uniforme en su verificación. Lo que ocasionó que se limite la participación de los postulantes, que existan apelaciones aceptadas sin que corresponda, que no exista la aplicación de un criterio uniforme en la evaluación del mérito y oposición a los postulantes y que los mismos no conozcan las razones por las cuales no pasaron a la siguiente fase, que postulantes hayan pasado a la siguiente etapa sin cumplir con lo requerido en el perfil de los puestos y que se dé la contratación de personal conforme el perfil del puesto, y sin conocer la existencia de recursos para el mismo.

Ante estos hallazgos, el organismo de control predeterminó las sanciones respectivas en contra de los funcionarios responsables, y emitió las recomendaciones respectivas que permitan dar solución a las irregularidades y problemas encontrados en el examen.

Cabe señalar que el Art. 92 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece que, las recomendaciones de la entidad son de carácter obligatorio y deben ser aplicadas de manera inmediata, tras haber sido comunicadas. Estas serán objeto de seguimiento y su inobservancia será sancionada por el organismo de control.

Por otra parte, la CGE informa que la ciudadanía puede contribuir al control de los recursos públicos denunciando posibles actos irregulares en entidades del Estado, a través de la página web: www.contraloria.gob.ec.

También puede aportar con información que ayude a los equipos de auditoría en el desarrollo de acciones que se encuentren en marcha.
La labor que realiza la CGE se sustenta en aspectos fundamentales de orden técnico y legal, que se ejecutan en apego a principios y ética institucional, articulando el control público con la participación ciudadana para fortalecer la democracia.