Los Ríos: Contraloría detecta indicios de responsabilidades penales en el manejo de recursos públicos

 

El organismo de control encontró irregularidades en las recaudaciones por el servicio de agua potable, en la Empresa de Saneamiento de Babahoyo, y en la entrega de recursos para un contrato suscrito por el Municipio de Valencia.

La Contraloría remitió a la Fiscalía dos informes con indicios de responsabilidad penal (IRP) para tres funcionarios de la Empresa Pública Municipal de Saneamiento Ambiental de Babahoyo (Emsaba), que se desprenden del examen a la recaudación, depósito y registros por el suministro de agua potable.

La segunda resolución es para el gerente general y un exaccionista de la contratista a cargo de los estudios de infraestructura de agua potable, que se desprende del examen a los procesos de contratación de bienes, obras y servicios realizados por el Municipio de Valencia.

Recaudaciones por el servicio de agua potable en Babahoyo 

La auditoría efectuada a Emsaba estableció que USD 174.884 provenientes de recaudaciones por el servicio de agua potable en la ciudad de Babahoyo, no fueron depositados en las cuentas de la entidad. Tras el análisis a las bases de datos de la unidad de facturación y los reportes de cierre de caja, se identificó el capital faltante, lo que permitió establecer la sanción para los servidores a cargo de manejar el Sistema Integrado Comercial de esta empresa pública.

Según la acción de auditoría, esta falencia se debe a la ausencia de control al proceso de las cobranzas y los reportes de los estados de cuenta de Emsaba, así como a la falta de supervisión de los procesos de control interno en el área de comercialización, facturación y las unidades de sistemas y tesorería.

Entrega injustificada de recursos en el Municipio de Valencia 

La Contraloría examinó el proceso de contratación para el desarrollo de estudios y diseños de infraestructura del sistema de agua potable para tres comunidades del cantón Valencia, que tuvo un costo de USD 85.193. Auditoría determinó que el proceso no contó con evidencia de ofertas técnicas y económicas con las que se definió el presupuesto referencial.

Se identificó que el contrato no fue suscrito por el gerente general de la contratista, sino a través de un intermediario que no fue parte de la empresa consultora. Por este proyecto se entregó injustificadamente USD 57.087, en calidad de anticipo y pago de planilla de avance, debido a que no se verificó la autenticidad de los certificados de garantías de fiel cumplimiento y a que los productos del contrato se entregaron incompletos y fuera de plazo.

Dato

De conformidad con Ley Orgánica de la CGE, los IRP se remitieron a la Fiscalía General del Estado a fin de que este organismo, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, inicie el trámite legal correspondiente.

  




 

 

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