Contraloría pide pronunciamiento al procurador sobre entrega de información a asambleístas

 

La Contraloría General del Estado (CGE) solicitó el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado (PGE), sobre la procedencia o no de entregar a los asambleístas información personal de ciudadanos y personas jurídicas que mantienen expedientes, responsabilidades administrativas, glosas, órdenes de reintegro o informes con Indicios de Responsabilidad Penal, como resultado de los exámenes especiales practicados por este ente de control.

Como antecedentes, en la elevación a consulta se señala que, en los últimos meses, del presente año, la Contraloría General del Estado ha recibido por parte de los asambleístas insistentes requerimientos de información personal certificada de ex servidores, servidores públicos, personas naturales y jurídicas de derecho privado que tienen responsabilidades administrativas culposas, responsabilidades civiles (glosas y órdenes de reintegro) e informes con Indicios de Responsabilidad Penal, así como el detalle de los exámenes correspondientes.

Puntualmente, se pregunta si es procedente que los asambleístas, con fundamento en el artículo 110, numerales 3 y 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, requieran a la Contraloría General del Estado información certificada, a fin de conocer si los ciudadanos tienen expedientes abiertos con responsabilidades

La CGE, este lunes 6 de septiembre, hizo conocer de esta consulta al asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, indicándole que inmediatamente después del pronunciamiento de Procuraduría, se le responderá respecto a la información solicitada por él, en oficio número AN-VVFA-2021-0062, recibido el 27 de agosto de 2021 por este organismo de control.

Para la Contraloría, los datos personales solicitados guardan reserva en virtud que los actos administrativos, generados por este organismo de control, están en proceso de juzgamiento de cuentas, lo que permite a las personas naturales o jurídicas auditadas el derecho a ejercer su defensa en las instancias administrativas y judiciales que correspondan.

La Contraloría General del Estado no “encubre” a nadie, ni ha declarado “secreta” ninguna información, dijo el Contralor (s), Ing. Carlos Riofrío, al puntualizar que “la institución realiza un trabajo técnico en estricto respeto a la Constitución, a las leyes vigentes y al debido proceso”.




 

 

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