Concesión del servicio de registro y sanción de infracciones de tránsito en Ambato: Contraloría estableció irregularidades en la adjudicación y ejecución del contrato

En las acciones de control efectuadas al contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el Municipio de Ambato, la Contraloría identificó irregularidades en la selección del proveedor, infracciones rechazadas sin sentencia judicial, equipos con problemas de funcionamiento y multas no impuestas al contratista.

Desde 2016, la Contraloría ha aprobado tres informes de auditoría relacionados con la adjudicación y ejecución del contrato para el registro y sanción de infracciones de tránsito, suscrito por el municipio de Ambato, en 2014. Además, se ejecuta un examen al cumplimiento de las recomendaciones y a la operación, imposición y recaudación del fotosensor ubicado en la Av. Bolivariana, entre Luis Aníbal Granja y el redondel de Terremoto.

En 2016, la auditoría al proceso de concesión estableció que la utilización de cámaras de control de velocidad, para facilitar la gestión del tránsito, no estuvo sustentada en estudios de prefactibilidad, factibilidad, evaluación financiera y socioeconómica.

Luego de la aprobación del Plan Maestro de Transporte y Movilidad del Cantón Ambato, no se informó al Concejo Municipal sobre la falta de capacidad técnica y económica de la municipalidad para gestionar directamente el control de tránsito, ni se sustentó la conveniencia de concesionar el servicio de fotorradares a una empresa privada.

En la licitación, el único oferente que presentó su oferta no cumplió con los requisitos mínimos, como la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, certificados de la experiencia del personal ofertado, capacidad y experiencia técnica, operacional y de gestión (la concesionaria se constituyó el 31 de octubre de 2013, un mes antes de presentar la oferta) y no se efectuaron pruebas operativas de las cámaras que se utilizarían para captar las imágenes.

Los análisis del equipo de control sobre la ejecución del contrato concluyeron que el sistema rechazó injustificadamente 389 infracciones, lo que ocasionó que el municipio deje de percibir USD 50.405 del porcentaje de participación que le correspondía, según los términos del contrato.

Sustentado en sumillas insertas en solicitudes de los infractores, el administrador del contrato solicitó rechazar otras 227 infracciones, por USD 29.534, argumentando la presentación de certificados médicos, cambio del límite de velocidad y excesos menores a un kilómetro por hora, decisiones que no se respaldaron en sentencias judiciales, incumpliendo la Ley y el Reglamento de Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

En el examen aprobado en 2020, la Contraloría determinó que los Directores de Tránsito de la municipalidad no controlaron que la sistematización de las infracciones concuerde con los límites de velocidad establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, según el tipo de vehículo infractor.

Así, el municipio no recibió USD 1’382.191, debido a que las sanciones impuestas a los vehículos de transporte público, comercial de pasajeros y de carga, fueron determinadas erróneamente y no se multó a la concesionaria por esta omisión.

El gobierno cantonal dejó de percibir USD 91.798, debido a que 914 infracciones por exceso de velocidad fueron anuladas sobre la base de sentencias de los operadores de justicia, decisiones sustentadas en que la concesionaria notificó extemporáneamente sobre la sanción a los infractores, afectando a la garantía de debido proceso. En este caso, tampoco se impuso la multa de USD 10 mil al proveedor por esta falta grave.

Los auditores concluyeron que no se realizaron pruebas de funcionamiento nocturno de los radares ni se verificó la ubicación de las cámaras, impidiendo que se identifique correctamente a los vehículos y que se rechacen 164.820 contravenciones.

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