Reporte de control público No. 5

 

Tema: auditorías al proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP). 

Periodo analizado: informes aprobados entre 2020 y 2021.

Muestra: 68 informes analizados / 282 hallazgos de auditoría.

Metodología: Deductiva, exploratoria y descriptiva.

                                                                                                                                      

Resumen:

Para el desarrollo de este reporte se cuantificaron los hallazgos de auditoría en torno a nueve categorías, a partir de una muestra de informes aprobados entre 2020 y 2021, a los procesos de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad, efectuados por entidades del Ministerio de Salud Pública (MSP), entre 2014 y 2020.

Se identificó un total de 76 informes de auditoría aprobados en el período 2020-2021. Posteriormente se determinó una muestra de 68 informes de auditoría, número que permite definir un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 4,2 %.

Los 68 informes corresponden a exámenes especiales ejecutados a coordinaciones zonales y direcciones distritales del MSP a nivel nacional, en los que se identificaron 282 hallazgos de auditoría. De este número se estableció que la falencia recurrente de mayor incidencia es el incumplimiento de normativa, regulaciones y procedimientos en la expedición de carnés de discapacidad.

El proceso de emisión de carnés no siguió la normativa establecida por el Ministerio de Salud, no requirió informes técnicos para validar la condición de los pacientes y no permitió establecer la legalidad y veracidad de la documentación que respaldó la entrega de los carnés de discapacidad. 

Desarrollo de la investigación: falencias recurrentes en el proceso de emisión del certificado único de calificación de discapacidad y la entrega del carné de discapacidad por parte de entidades del Ministerio de Salud Pública

Tras el análisis de la información obtenida y ponderación de los 282 hallazgos, se identificaron cuatro irregularidades recurrentes, en los procesos relacionados a la emisión de carnés de discapacidad:

  1. Incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos.
  1. Inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades.
  1. Ausencia de documentos físicos y digitales de respaldo.
  1. Calificadores no acreditados o equipos de calificadores incompletos.

Ilustración 1: Falencias recurrentes en el proceso de calificación y emisión de carnés de discapacidad[1].

  1. Incumplimiento de normativa, regulaciones y procesos

En esta categoría se identificaron 89 hallazgos de auditoría, que representan el 31,5 % de las irregularidades detectadas en los informes de Contraloría que fueron empleados para el análisis de este ámbito.

Esta categoría de análisis incluye hallazgos relacionados con:

  • Falta de requerimiento de informes de médicos especialistas, certificados médicos y evaluación del área de trabajo social.
  • Falta de seguimiento a la aplicación del manual de calificación de discapacidades, emitido por el MSP y emisión de carnés sin cumplir la normativa vigente.
  • Procesos de evaluación, calificación y emisión de carnés realizados en menor tiempo al requerido para el análisis del caso de cada paciente.
  • Incumplimiento de procedimientos en la atención y diagnóstico inicial de pacientes.

Acerca de la falta de informes de especialistas y certificados médicos, auditoría constató que no se cumplió con los procedimientos y regulaciones establecidos en el Reglamento de la Ley Orgánica de Discapacidades y el Reglamento para la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad o con deficiencia o condición discapacitante.

La falta de disposiciones para cumplir con los lineamientos previstos en los reglamentos de calificación de discapacidades ocasionó que no se realice una valoración completa como, por ejemplo, la de factores sociales y complementarios de los pacientes. La falta de certificados médicos tampoco permitió verificar la veracidad de los porcentajes de discapacidad que fueron registrados para los pacientes, lo que restó sustento técnico a la evaluación de discapacidades.

En cuanto al Manual de Calificación de Discapacidades, se trata de un documento emitido por el MSP, de cumplimiento obligatorio para todos los establecimientos de la Red Pública Integral de Salud. Al respecto se identificaron varios casos donde se omitió su aplicación, lo que generó que se empleen criterios que no contaron en evidencia científica actual, con un enfoque biopsicosocial y de derechos humanos, afectando la calidad de la evaluación de los pacientes.

Las auditorías realizadas señalan que no se respetó el debido proceso, en casos donde la evaluación, calificación y emisión del carné de discapacidad se realizó en un solo día. Los servidores responsables de las evaluaciones no garantizaron la legalidad y veracidad de las condiciones discapacitantes de las personas examinadas. En estos casos se evidenció que los porcentajes de discapacidad fueron sobreestimados y que no se contó con firmas de responsabilidad ni informes que respalden la autoría de las evaluaciones.

 

  1. Inconsistencias en la calificación y recalificación de discapacidades

Esta falencia corresponde al 19,5 % del total de hallazgos en la emisión de carnés. Del análisis realizado se establecen hallazgos del siguiente tipo:

  • Acreditación de condición de discapacidad a personas que no cumplieron porcentajes mínimos requeridos.
  • Evaluaciones realizadas por especialistas no afines al tipo de discapacidad.
  • Errores en la sumatoria de puntajes.
  • Calificaciones sin objetar exámenes emitidos por entidades ajenas a la Red Pública de Salud.

Las acciones de control determinaron deficiencias en los procesos de valoración y determinación de discapacidades. Los profesionales a cargo de esta tarea, acreditaron condiciones de discapacidad a pacientes sin verificar que los porcentajes de deficiencias se hayan calculado correctamente. Los resultados de las evaluaciones no cuentan con respaldos técnicos que justifiquen los porcentajes de discapacidad señalados en varios expedientes. Esto ocasionó que la base de datos del Registro Nacional de Discapacidades no cuente con información real ni actualizada de los ciudadanos con esta condición.

La Contraloría también advierte que en varios expedientes se evidencia la calificación de discapacidades físicas, auditivas y visuales por profesionales de psicología, es decir por personal no apto para determinar ni evaluar porcentajes de discapacidad para este tipo de condiciones, por estar fuera de su ámbito de conocimiento. La emisión de estos carnés no se justifica, debido a que los evaluadores no cumplieron sus funciones según lo determinado por la Ley Orgánica de Discapacidades que señala “los equipos calificadores especializados en los diversos tipos de discapacidades ejercerán sus funciones en el área de su especialidad”.

Los equipos de auditores identificaron expedientes con errores en la sumatoria de puntajes, sin nombres de los servidores que efectuaron las evaluaciones ni las respectivas firmas de responsabilidad. Se encontraron casos en los que los puntajes finales fueron inferiores a los registrados durante el proceso. Se señala que la falta de supervisión y control durante este proceso es la principal causa de estas deficiencias. Por estas omisiones, existen expedientes cuyas calificaciones finales carecen de sustento y cuentan con puntajes que no corresponden a la realidad de los pacientes.

Otra irregularidad señala que no se objetó la inclusión de exámenes complementarios emitidos por instituciones que no pertenecen a la Red Pública Integral de Salud (RPIS) ni a la Red Privada Complementaria (RPC). Estas omisiones son un incumplimiento a los procedimientos establecidos en el Reglamento para la calificación, recalificación y acreditación de personas con discapacidad, que exige que todo examen debe ser emitido por instituciones autorizadas por la Autoridad Sanitaria. Por lo que se pudo identificar el otorgamiento de carnés de discapacidad a personas que incumplieron las exigencias legales para el efecto.

 

  1. Ausencia de documentos físicos y digitales de respaldo

Con el 19,1 %, es la tercera falencia recurrente detecta en el presente análisis. Para su determinación se consideraron dos aspectos: la falta de respaldos en el archivo físico de las entidades que desarrollaron los procesos y la ausencia de registros de información en el Sistema Informático en Línea (SIL), plataforma del Ministerio de Salud, diseñada para mantener un archivo digital con la que se respalda la emisión de carnés de discapacidad.

El examen a los expedientes de personas con discapacidad puso en evidencia que las historias clínicas no contaban con certificados de discapacidad o informes médicos que acrediten su condición. La falta de documentación de respaldo no permite corroborar los porcentajes de discapacidad o que las discapacidades acreditadas a varios pacientes estén fundamentadas en diagnósticos debidamente elaborados, a fin de conocer de forma precisa el tipo de deficiencia o el estado real de salud de los beneficiarios de carnés.

En cuanto al SIL, los equipos calificadores tenían la obligación de subir a la plataforma los resultados de evaluaciones médicas, psicológicas y sociales, así como de requerir a los pacientes, estudios o exámenes complementarios según su condición. Sin embargo, Contraloría identificó varios procesos de calificación y recalificación que no contaron con los anexos íntegros dentro del sistema. La ausencia de estos datos no permitió que se cuente con archivos completos para el control posterior, a fin de verificar que las evaluaciones registradas en este aplicativo estén debidamente sustentadas.

Estas falencias se deben, en algunos casos, a la falta de aplicación de procedimientos para requerir el ingreso de documentos de respaldo físicos o digitales, como certificados médicos, informes de trabajadoras sociales, informes médicos y datos personales de los beneficiarios. Ante estos hallazgos, la auditoría concluye que la emisión de carnés de discapacidad carece de la legalidad necesaria, por la falta de documentación médica de soporte.

 

  1. Calificadores no acreditados o equipos de calificadores incompletos

Esta categoría ocupa el cuarto lugar de las falencias recurrentes con el 9,2 % del total de hallazgos. Para el análisis se distinguen dos aspectos: equipos calificadores que no contaron con todos los profesionales necesarios para realizar una evaluación íntegra de los pacientes y personal que no estuvo acreditado para desarrollar este tipo de tarea.

Según los lineamientos del Ministerio de Salud, para que un profesional pueda formar parte de un equipo calificador debe contar con: certificación de actualización de conocimientos cada dos años, estar habilitado en el Sistema Informático en Línea (SIL), contar con certificados de aprobación de capacitación virtual y tener un certificado de observador de procesos de calificaciones.

De las auditorías realizadas, se estableció que médicos, psicólogos, trabajadores sociales que fueron parte de los equipos calificadores, no contaron con uno o varios de los requisitos del MSP. Esto se produjo por la falta de supervisión de las autoridades de las entidades públicas, quienes no validaron la idoneidad de los profesionales, en cumplimiento de las disposiciones ministeriales. Como consecuencia, no se garantizó que el cuerpo médico y los servidores que intervinieron en las evaluaciones haya sido el más adecuado para realizar esta labor.

También se identificaron casos en que los equipos calificadores no contaron con el personal necesario para calificar o recalificar a personas con discapacidad. La carencia de profesionales especializados ocasionó que los expedientes se encuentren incompletos, debido a que no cuentan con informes técnicos que sustenten las evaluaciones realizadas por estos especialistas.

Estas deficiencias ocasionaron que los beneficiarios de carnés de discapacidad no hayan sido calificados de forma objetiva y que no hayan obtenido una puntuación definida por profesionales que puedan realizar una evaluación íntegra de todos los aspectos que involucran una condición de discapacidad.

[1] La variable otros contiene hallazgos relacionados a: falencias en la aplicación de normas de control interno, archivo de la documentación, emisión de carnés durante la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, demora en la entrega de documentos para el control posterior y el cabal cumplimiento de procedimientos.




 

 

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