La Contraloría General del Estado elaboró el sexto Reporte de Control Público, con el objetivo de establecer las irregularidades recurrentes en los procesos para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de redes y plantas de tratamiento de agua potable (PTAP).
Para el estudio se utilizaron 38 informes de auditoría gubernamental, en los cuales se examinaron las operaciones efectuadas desde 2011 hasta 2021, por entidades adscritas al Ejecutivo, empresas públicas municipales, gobiernos autónomos descentralizados cantonales y mancomunidades, para dotar de agua potable a las poblaciones de 17 provincias del país. Las acciones de control fueron aprobadas entre 2018 y 2022.
De los informes seleccionados se obtuvieron 231 hallazgos de auditoría, que fueron categorizados y ponderados para establecer las falencias recurrentes en la gestión de los recursos públicos destinados a la dotación de agua potable.
Como resultado de la investigación, se determinó que las principales irregularidades en las operaciones para la construcción, mantenimiento y rehabilitación de sistemas de redes de agua potable y PTAP, son las siguientes:
- Incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de los contratistas.
- Falencias en el desembolso y recuperación de recursos.
- Ausencia de estudios actualizados, completos y definitivos.
- Falencias en la calificación de ofertas.
- Incumplimiento de las obligaciones asumidas contractualmente o a través de convenios, por parte de las entidades estatales.
1. Incumplimiento de las obligaciones por parte de los contratistas
En los informes de auditoría, el 16 % de los hallazgos se relacionan con inobservancias a las obligaciones contractuales, por parte de las empresas seleccionadas para la construcción, rehabilitación y mejoramiento de los sistemas y plantas de tratamiento de agua potable.
Las entidades a cargo de los proyectos pagaron por materiales, equipos y trabajos de excavación de cunetas, instalación de conexiones domiciliarias de agua potable, transporte y desalojo de escombros, entre otras actividades que no cumplieron las especificaciones técnicas. Equipos, como válvulas, bombas de impulsión, medidores ultrasónicos de caudal y accesorios no funcionaron, no fueron instalados o no hay evidencia documental de su entrega.
Se ejecutaron obras sin que las constructoras se hayan sujetado a los planos y diseños de los proyectos. Varios componentes, como el hormigón utilizado en las estructuras de sistemas de captación de agua, no cumplieron con la resistencia señalada en las especificaciones técnicas; se identificaron cambios en los diseños de tubos, puntos de instalación de tubería, cámaras de medidor de caudal, etc., lo que impidió garantizar que las plantas funcionen adecuadamente, en beneficio de la ciudadanía.
Las constructoras no certificaron la calidad de los materiales utilizados; instalaron tuberías sin la profundidad necesaria, en lugares inestables, sin los anclajes y sujeciones en los cambios de dirección. Los auditores observaron tuberías expuestas en la superficie, cristalizadas en tramos a cielo abierto y sujetas con alambres.
Otros hallazgos evidencian que las labores no se ejecutaron dentro de los cronogramas previstos, originando ampliaciones injustificadas de los plazos.
Los contratistas no emplearon el personal técnico que presentaron en sus ofertas, por lo que no participaron especialistas con experiencia y formación en ramas afines a la construcción de obra civil, como topógrafos, ingenieros en seguridad industrial, en materia ambiental, entre otros.
Frente a los incumplimientos, los servidores públicos a cargo de controlar la ejecución de las obras no calcularon e impusieron las multas señaladas en los contratos, ocasionando perjuicios económicos a las entidades. Tampoco realizaron las gestiones para solventar las falencias y cumplir los objetivos de las contrataciones.
La inobservancia de las obligaciones asumidas contractualmente y en la supervisión de los contratos afectaron el funcionamiento de sistemas y la infraestructura contratada, lo que puso en riesgo las inversiones públicas.
2. Falencias en el desembolso y recuperación de recursos
Como resultado del análisis, los incumplimientos normativos en el desembolso de recursos, por parte de las instituciones del Estado, fue la segunda irregularidad recurrente, con el 15 % del total de hallazgos.
Esta categoría incluye observaciones respecto a los montos transferidos por anticipos y su amortización; el concepto de los pagos, su validez y de la documentación que los respalda; cálculo de planillas de avance de obra, aplicación de fórmulas de reajuste de precios, entre otros aspectos relacionados con la cancelación de obligaciones económicas.
Los informes de auditoría dan cuenta del desembolso de anticipos por porcentajes superiores a los legalmente establecidos y otros que no se devengaron, debido a que no se realizó la amortización según lo señalado en las cláusulas contractuales.
En el pago de planillas de fiscalización, las entidades del Estado reconocieron costos indirectos a personas naturales, concepto que, según el numeral dos, del artículo 34 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Contratación Pública, solo se puede pagar a empresas consultoras (personas jurídicas).
Los auditores también identificaron construcciones, equipos y accesorios que no fueron utilizados en las obras y cuyos valores, en algunos casos, no se justificaron. Los funcionarios públicos no verificaron que los expedientes contengan todos los respaldos técnicos, que sustenten los desembolsos.