Incumplimiento de requisitos y ausencia de estudios de necesidad en los procesos de regularización del transporte público y comercial

 

Contraloría estableció que, entre 2014 y 2021, en los procesos para regularizar y planificar el transporte público y comercial, las compañías incumplieron los requisitos establecidos en la normativa para acceder a rutas, frecuencias, permisos de operación e incremento de cupos.

La Contraloría General del Estado (CGE) estableció que el incumplimiento de requisitos por parte de las cooperativas de transportistas y la ausencia de estudios de necesidad y factibilidad fueron las falencias recurrentes en los procesos -efectuados entre 2014 y 2021- para otorgar permisos de operación e incremento de cupos para transporte público y comercial, a nivel nacional y local.

Los resultados, que forman parte del noveno Reporte de Control Público, se obtuvieron del análisis de 12 informes de exámenes especiales, aprobados por la CGE entre 2019 y 2021. En ellos constan 95 hallazgos de auditoría con observaciones sobre la legalidad de los trámites administrativos para la regularización y aprobación de nuevas compañías de taxis; y la asignación de títulos habilitantes a compañías de transporte interprovincial, intracantonal, carga pesada, mixta y turístico.

Incumplimiento de requisitos por parte de las operadoras de transporte

En la muestra que se utilizó para la elaboración del estudio, el 38 % de los hallazgos de auditoría se refieren a la falta de control interno y transparencia en los procedimientos, lo que originó el incumplimiento de las exigencias legales para la concesión de rutas, frecuencias e incremento de cupos.

En los expedientes no constó documentación que respalde los procesos de regularización de los transportistas, como formularios de solicitud de las cooperativas, comprobantes de depósito de los rubros establecidos en la normativa, copias de cédula de los representantes legales y copias actualizadas de sus nombramientos.

Previo a la emisión de informes de factibilidad para la acreditación de rutas y frecuencias, no se verificó que las operadoras de transporte interprovincial operen con pólizas de seguro vigentes de responsabilidad civil para los automotores y que cuenten con kits de seguridad en las unidades, que garanticen la integridad física de los usuarios.

Se suscribieron contratos de operación sin corroborar la vigencia de las licencias de los conductores, que las unidades estén matriculadas y cuenten con patentes municipales, planes de gestión de calidad, planes operativos anuales y certificados de revisión vehicular.

Falencias en la elaboración de estudios de necesidad e informes técnicos, para el otorgamiento de los títulos habilitantes

La segunda irregularidad recurrente, con el 24 % de hallazgos de auditoría, fue la ausencia de estudios de necesidad y de factibilidad. Estos documentos permiten determinar, previo a la autorización de títulos habilitantes, aspectos como oferta, demanda e infraestructura instalada. 

Antes de la emisión de informes técnicos favorables, no se previno la competencia desleal y monopolios ni se observó que las mismas rutas y frecuencias ya estaban concedidas a otras operadoras. Los estudios de necesidad estuvieron incompletos, fueron inconsistentes y no incluyeron los análisis económicos y jurídicos señalados en la ley.

Las encuestas para levantar información de los usuarios se ejecutaron sin delimitar criterios geográficos, demográficos o condiciones socioeconómicas para la segmentación de zonas beneficiarias. No se consultó los hábitos de movilización de los ciudadanos y sus necesidades, lo que impidió analizar el porcentaje de ocupación en horas pico, entre semana y fines de semana.

Los análisis técnicos no definieron la infraestructura vial requerida ni se emplearon respaldos cartográficos de las vías existentes; no se determinaron los paraderos y terminales de buses de acuerdo a la planificación del uso del suelo, ni se evaluaron las dimensiones de las flotas; los archivos contienen croquis, imágenes y fotografías sin detalles identificables, imposibilitando el control posterior. Además, varias compañías trabajaron en localidades distintas a las establecidas en los estudios.

Reporte de Control Público

El Reporte de control es el resultado del análisis de una muestra de informes de auditoría gubernamental, relacionados con una temática y periodo específicos. Estas investigaciones —que se elaboran mensualmente— establecen las falencias recurrentes en la administración de los recursos públicos.

 

Link al reporte control aquí.




 

 

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