La Contraloría General del Estado (CGE) analizó la gestión administrativa realizada, entre 2012 y 2021, por las empresas públicas municipales de Rastro de Quito, Rumiñahui, Cuenca, Latacunga, Ibarra, Santo Domingo, Tena y Sucúa. Estas entidades están a cargo de las operaciones del sistema de faenamiento y comercialización de especies animales para el consumo humano, en cada una de sus jurisdicciones.
En los informes de auditoría, aprobados entre 2019 y 2022, se reportaron falencias recurrentes en las operaciones de los centros de faenamiento, relacionadas con ingresos por tasas y procesos contractuales para la adquisición de bienes y servicios que en algunos casos representaron perjuicios económicos para las empresas municipales.
Luego de la sistematización de las conclusiones de los exámenes especiales seleccionados para el estudio, se establecieron 13 categorías que muestran las falencias administrativas. Estas fueron ponderadas de acuerdo a la frecuencia, determinándose dos irregularidades determinantes para abordar la temática:
No se supervisaron e implementaron controles para el servicio de rostizado de porcinos, con el fin de evaluar costos de producción, por lo que no se garantizó una adecuada y eficiente determinación y control de los ingresos y gastos por este servicio.
Informe No. DPA-0010-2020
Sobre los hallazgos de auditoría analizados, el 47 % corresponde a irregularidades recurrentes en la recaudación de recursos provenientes de las tasas establecidas para brindar el servicio de uso de corrales y faenamiento de los diferentes tipos de ganado (bovino, porcino y ovino), destinado a la producción de carne para consumo humano.
Los centros de faenamiento a cargo de las empresas municipales -conocidos como camales- ofrecen varios servicios, como el corralaje, faenamiento, rostizado y transporte de ganado faenado. Estas actividades están reguladas en las ordenanzas de cada cantón, con base en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad).
Los exámenes especiales de la Contraloría determinaron que las empresas públicas municipales no instauraron procedimientos y mecanismos de control de ingreso de animales para faenar, ni supervisaron que los reportes generados de los sistemas informáticos financieros y de producción sean conciliados, lo que originó que no se establezcan las cantidades y valores realmente facturados por faenamiento, por especie y por cliente.
En la Empresa Pública Metropolitana de Rastro de Quito (Emraq-EP) no se registraron los comprobantes de ingreso, facturación, control diario de faenamiento en un sistema informático. Se identificaron varios nombres y números de cédulas de clientes que no concordaron con la información del Registro Civil y del Servicio de Rentas Internas.
Además, el personal de tesorería no controló que las cantidades registradas en los documentos de ingreso y faenamiento de ganado bovino, porcino y ovino sean facturadas en su totalidad, generando una diferencia de USD 148.031,71 por tasas no determinadas, ni recaudadas, lo cual afectó los intereses institucionales.
La Contraloría determinó que en la Empresa Pública Municipal de Rastro y Plazas de Ganado de Santo Domingo se incrementaron las tarifas del servicio de faenamiento bovino y porcino, para los días sábados y feriados. Esta actividad se realizó sin contar con la aprobación del Directorio y previo al conocimiento del Concejo Cantonal, que es el organismo competente para regular las tasas municipales.
En la Empresa de Cuenca se cobraron tasas por debajo del valor establecido en la ordenanza respectiva. Esto sucedió en el cobro del sellaje de ganado porcino, servicio en el cual se aplicó una tarifa menor, ocasionando que la entidad deje de percibir USD 730.089. (ok). Lo mismo sucedió en la actividad de rostizado de ganado porcino. Los auditores establecieron que los ingresos no guardaron relación con los costos de producción pues, durante los años 2014 a 2018, se recaudó USD 85.603 frente a USD 258.542 en gastos.
La falta de supervisión e implementación de controles por parte de los gerentes generales y jefes de producción ocasionó que no se garantice una adecuada y eficiente fijación de los ingresos y gastos en beneficio de la empresa.
Por otro lado, en los exámenes efectuados a este tema, el organismo de control observó que USD 114.653, producto de las recaudaciones generadas por el servicio de faenamiento de la Empresa Pública Municipal de Faenamiento del cantón Sucúa (Morona Santiago), no fueron depositados directamente en las cuentas de la entidad, afectando la disponibilidad de recursos económicos necesarios para sus operaciones.
No se vigiló el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y se autorizaron prórrogas sin sustento; se suscribió el acta entrega definitiva sin considerar en la liquidación económica las condiciones de la obra y materiales establecidos.
Informe No. DNA5-0013-2019
El 21 % de resultados del análisis se relacionan con el incumplimiento de las cláusulas contractuales por parte de las proveedoras de bienes y servicios, contratados por las empresas municipales encargadas del faenamiento de ganado.
La sistematización de los hallazgos de las auditorías da cuenta que los contratos no fueron administrados adecuadamente por el personal responsable. Se detectaron pagos por rubros no ejecutados, prórrogas de plazo de ejecución contractual sin sustentos, requisitos de diseño no observados, equipos instalados con características diferentes a las solicitadas, entre otros aspectos.
En el caso del camal municipal de la capital, el plazo del contrato de consultoría para estudios de impacto ambiental se amplió por 1.685 días, sin el respaldo de informes completos y oportunos de la consultora que justifiquen la demora. Aunque se otorgó la prórroga, la entidad no obtuvo los estudios de impacto ambiental ex post, planes de manejo ambiental aprobados y licencia ambiental, por lo cual el objeto del contrato no se cumplió.
En el mismo contrato, la Contraloría advirtió un desembolso sin justificación, dado que la contratista facturó por reposición de gastos de laboratorios, análisis de agua, ruido y suelo, a pesar de que esos rubros estaban incluidos en el valor total del contrato, acta de negociación y obligaciones estipuladas en los pliegos.
Tampoco se cubrieron las necesidades de la entidad en la ejecución del contrato de implementación de un sistema integrado administrativo, contable, financiero y de procesos, pues el módulo de producción para el control de procesos de faenamiento no entró en operaciones.
En otro contrato para la provisión, instalación, montaje y pruebas de funcionamiento del sistema de separación de sólidos, la empresa pública municipal autorizó prórrogas sin sustento, y se firmó el acta de entrega recepción definitiva sin considerar en la liquidación económica que las condiciones de la obra y los materiales establecidos no cumplieron con las especificaciones técnicas y plazo contractual.
En la adquisición de un sistema de separador de sólidos para la planta de compostaje, suscrito por la Empresa de Cuenca, se evidenció que el cambio del cronograma no contó con la autorización de la máxima autoridad, de acuerdo a la normativa, y tampoco se elaboró una nueva planificación para el cumplimiento del objeto del contrato.
Asimismo, se identificaron cuatro contratos emitidos para el servicio de lavado, desinfección, secado, planchado, reparación y transporte de la ropa de trabajo para obreros, veterinarios y supervisores de compostaje, basándose en el beneficio contemplado en las cláusulas del contrato colectivo de trabajo.
Al respecto, la auditoría señaló que, previo a realizar los pagos mensuales, los administradores del contrato no vigilaron si el servicio respondió a lo acordado. Tampoco se efectuaron actas de entrega recepción definitivas y las liquidaciones correspondientes. A pesar de los incumplimientos, se autorizaron los pagos.
En otro caso, se examinaron las operaciones del centro de faenamiento de Rumiñahui. La auditoría estableció que se recibieron, provisionalmente, las bombas del sistema contraincendios sin verificar que cumplan las características solicitadas en el contrato. Los equipos no contaron con las certificaciones respectivas, por lo que no se garantizó su funcionamiento y durabilidad.
[1] Otros: en esta categoría se incluyeron las irregularidades de bajo impacto debido a su poca recurrencia en el análisis de los hallazgos de auditoría. Las falencias se detectaron en: el archivo de documentación, la fase de calificación de ofertas, la elaboración de estudios técnicos, la publicidad de la información, las transferencias de recursos, en los registros de inventarios, el aseguramiento de los recursos, la elaboración de especificaciones técnicas, en los controles sobre las operaciones, cumplimiento de normativa ambiental y ausencia de certificaciones presupuestarias.