La Contraloría General del Estado (CGE) analizó los resultados de las acciones de control ejecutadas en los gobiernos autónomos cantonales de la provincia de Pastaza, para determinar las falencias recurrentes en la gestión de los recursos públicos en esas localidades.

El estudio se realizó a partir de los informes de auditoría gubernamental, aprobados por el organismo de control en los años 2022 y 2023, en los cuales se analizaron las operaciones efectuadas en los gobiernos municipales de la provincia amazónica, entre 2015 y 2022.

Luego de analizar el contenido de los informes de auditoría gubernamental, sistematizar los hallazgos y categorizarlos, se identificaron las siguientes irregularidades frecuentes en la administración de las asignaciones presupuestarias a los municipios:

1. Incumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos
2. Falencias en la fase de calificación de ofertas
3. Ausencia de estudios técnicos y económicos
4. Otros[1]

1. Incumplimiento de las condiciones pactadas en los contratos

El consultor contratado para elaborar los “Estudios de factibilidad y diseños definitivos para el mejoramiento, ampliación e implementación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad de Puyo” no realizó los productos conforme las condiciones y alcance establecidos en los términos de referencia, lo que ocasionó que la entidad no cuente con estudios y diseños definitivos, completos y actualizados, acordes a las necesidades.

 Informe DPP-0001-2022

El 35 % de los hallazgos de los informes de auditoria utilizados para elaborar este reporte de control público, se refieren a incumplimientos por parte de los proveedores respecto a los términos contractuales, como plazos y especificaciones técnicas. 

Durante las acciones de control se identificaron incumplimientos de los cronogramas de obras y para la prestación de servicios que estaban establecidos contractualmente, lo que ocasionó la entrega tardía de los trabajos y que no se cumplan los objetivos de las contrataciones.

A pesar de las inobservancias, no se aplicaron multas y se realizaron pagos por productos que no estuvieron contemplados originalmente en las consultorías. En consecuencia, las entidades carecieron de estudios y diseños definitivos, completos, actualizados, dificultando la ejecución de obras para los pobladores de los sitios de intervención.

En los contratos de obra se ejecutaron trabajos sin cumplir las especificaciones técnicas, los requisitos mínimos obligatorios del personal y con los compromisos que constaron en las ofertas de los proveedores. Tampoco se verificó el porcentaje de subcontratación, la calidad de los rubros ejecutados, la falta de aplicación del consumo de componente nacional de mano de obra, materiales, equipos y servicios, y que se pagaron remuneraciones a personal técnico que no cumplió con el perfil requerido para los trabajos.

Además, las contratistas incumplieron los planes ambientales para mitigar la contaminación en ríos y esteros, en proyectos para el mejoramiento de los sistemas de alcantarillado sanitario. Estas falencias impidieron garantizar la vida útil de los proyectos financiados con recursos estatales.

2. Falencias en la fase de calificación de ofertas

La comisión de calificación avaló una oferta que no cumplió con la experiencia requerida en los pliegos de contratación, ocasionando que se acepte una oferta y se suscriba el contrato que incluyó una utilidad de 1 125,00 USD, sin considerar que el oferente fue un consultor individual.

Informe DPP-0009-2022

Con el 18 % de incidencias en la muestra de informes analizados, la segunda falencia recurrente se presentó en la calificación de ofertas para la contratación de bienes y prestación de servicios en los gobiernos autónomos cantonales de Pastaza.

Los hallazgos de auditoría exponen que las comisiones de selección, conformadas para evaluar las ofertas presentadas por los contratistas, no observaron los impedimentos que establece la normativa para la calificación y recomendación de adjudicación de contratos.

Se adquirieron bienes y servicios mediante procedimientos de ínfima cuantía a proveedores que debieron ser descalificados por estar vinculados entre los representantes que presentaron las proformas, impidiendo la participación de otros oferentes. 

No se validó la emisión de ofertas, dado que se identificaron cotizaciones cuyas firmas no fueron reconocidas por los representantes de las casas comerciales, evidenciándose la falta de control en los procesos de compras públicas.

Se habilitaron, adjudicaron y suscribieron contratos con oferentes que no cumplieron con los requisitos mínimos solicitados por la entidad, en cuanto a experiencia general y específica, nivel de estudio del personal técnico o disponibilidad de equipos.

Estas falencias incidieron en la calidad y precio de los bienes y servicios contratados.

3. Ausencia de estudios técnicos y económicos

Para el inicio del proceso de contratación para la “actualización del catastro de predios urbanos y rurales de su modelo de valoración y potencialización del sistema de gestión catastral del cantón Mera” se realizó el término de referencia y estudio de mercado estableciendo el presupuesto referencial sin contar con un análisis de precios acorde a los productos requeridos y en función de la necesidad institucional, ocasionando que el presupuesto referencial no se ajuste a la realidad del mercado a la fecha.

Informe DPP-0016-2022

El 14 % de los resultados de este reporte de control evidencian la ausencia de estudios técnicos y económicos para la contratación de bienes y servicios, en varios cantones de Pastaza, principalmente en lo relacionado a la elaboración de presupuestos referenciales.

En las acciones de control se identificó que los pliegos y términos de referencia de los procesos contractuales no contaron con las condiciones iniciales para que los proveedores presenten sus ofertas, el plan de distribución de las adquisiciones, ni identificaron a las poblaciones beneficiadas.

Tampoco se incluyeron los medios de verificación de los productos o servicios a recibirse y los métodos de constatación de la disponibilidad del equipo mínimo solicitado.

En cuanto al personal técnico, los documentos precontractuales no especificaron, entre otros requerimientos, el nivel de especialización académica y experiencia mínima del personal que participaría en la ejecución de los contratos.

Además, los precios referenciales se determinaron sin efectuar un análisis de costos unitarios y actualizados acorde a los productos requeridos; en este componente, tampoco se consideró la necesidad institucional.

[1] Otros: incluye las categorías con una incidencia estadística de entre el 1 % y el 5 %, como: falencias en la transferencia de recursos, en la elaboración de especificaciones técnicas, en la recepción de bienes, en el aseguramiento de recursos, inadecuada planificación de las operaciones, incumplimiento de la normativa ambiental y de recomendaciones.

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