Para la elaboración de este Reporte de Control Público, la Contraloría General del Estado (CGE) analizó los resultados de acciones de control —aprobadas entre 2020 y 2021—, en las cuales se examinaron los procesos de adjudicación de becas, su administración, liquidación y cierre, en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt). Para el estudio se analizó una muestra de informes de auditoría gubernamental, de las operaciones relacionadas con los programas de becas, ejecutados entre 2014 y 2020.

A partir del análisis del contenido de los informes se obtuvieron 32 hallazgos de auditoría, que fueron categorizados y ponderados para identificar las falencias recurrentes en la entrega de becas para estudios superiores. Las principales irregularidades fueron:

1. Falencias en el desembolso de recursos
2. Incumplimiento de las condiciones pactadas
3. Ausencia / falencias en la elaboración de estudios técnicos, operativos y/o económicos.

1. Falencias en el desembolso / recuperación de recursos, cobro de impuestos

“No se realizaron los desembolsos conforme a los tiempos establecidos en el presupuesto del programa de becas de ‘Convocatoria Abierta’, ocasionando que los becarios no reciban los desembolsos de acuerdo al periodo académico”.

Informe No. DNA2-0024-2021

Las falencias en el desembolso y recuperación de recursos componen el 37 % de los hallazgos establecidos por los equipos de Contraloría. La irregularidad provocó que los beneficiarios de becas no reciban los recursos en función de sus programas de estudios, que existan diferencias entre los valores asignados y los valores realmente entregados y que no se gestionen mecanismos para la entrega de valores a grupos de atención prioritaria.

Las acciones de control determinaron que, en 2020, no se ejecutó 75 % del presupuesto destinado a becas para poblaciones de atención prioritaria. La principal causa de esta problemática fue la falta de monitoreo sobre las actividades académicas de los estudiantes para la entrega de los recursos, en cumplimiento a lo estipulado en los contratos de becas.

También se identificaron deficiencias en los desembolsos efectuados entre 2015 y 2020 en el programa de becas conocido como Convocatoria abierta. La falta de supervisión y seguimiento a los programas académicos de los becarios ocasionó que no reciban los recursos de acuerdo a los presupuestos de becas, para atender las necesidades de sus estudios.

La Contraloría también advierte de casos en los que se incumplieron los desembolsos porque se entregaron valores inferiores a lo que correspondía o porque se suspendieron sin justificación alguna. Algunos becarios informaron que no se les entregó la totalidad de recursos para manutención y seguros de salud y no recibieron respuesta de parte de las entidades públicas que justifiquen la disminución de los valores económicos.

Acerca de la falta de atención a los becarios, Contraloría señala que existen casos en los que se respondieron solicitudes hasta 288 días después de que estas fueran ingresadas, pese a que el peticionario cumplió con los requisitos para la acreditación de los recursos requeridos.

2. Incumplimiento de las condiciones pactadas en contratos/convenios/acuerdos

“No se realizó el seguimiento ocupacional de los becarios que debieron iniciar y reportar su período de compensación de acuerdo a la temporalidad establecida en el contrato de financiamiento (…) ocasionando que los becarios no cumplan son sus obligaciones”.

Informe No. DNA2-0034-2020

 El 19 % de las falencias se identificaron en el incumplimiento de cláusulas de los contratos suscritos para la adjudicación de becas, en cuanto al cumplimiento de los períodos de compensación de los estudiantes.

La Contraloría examinó los contratos de las postulaciones de 2011, 2013, 2014, 2015 y 2016, en las que se invirtieron recursos para estudios de postgrado a nivel de maestría, doctorado, especialidades y subespecialidades. El organismo determinó que los becarios incumplieron los períodos de compensación, vulnerando las bases de postulación, el reglamento para el otorgamiento de becas y el reglamento para el financiamiento y ayudas económicas.

En su contenido, los reglamentos y las cláusulas de las becas establecieron que, al término del programa de estudios, los becarios debían retornar al país para iniciar un periodo de compensación, insertándose en el mercado laboral por el doble del tiempo invertido en sus estudios en el extranjero. El objetivo era garantizar el flujo de conocimiento especializado al país y el cambio de la matriz productiva.

La falta de seguimiento ocupacional de los becarios y la emisión de notificaciones para que presenten documentos que acrediten el cumplimiento de las cláusulas, fue la causa de esta irregularidad. En consecuencia, los recursos invertidos en los programas de becas en universidades de excelencia no se recuperaron en beneficio del Estado.ç

3. Ausencia / falencias en la elaboración de estudios técnicos, operativos y/o económicos

“No se gestionaron ni aseguraron mecanismos para la ejecución de desembolsos de becas, ni se generaron los reportes y/o informes de seguimiento académico y financiero de becas, respecto a la programación establecida a favor de los beneficiarios”.

Informe No.DNA2-0023-2021

El 16 % de los hallazgos señalan que la ausencia de directrices y lineamientos para la administración de becas no permitió salvaguardar los recursos destinados a los programas de estudio. Además, se identificaron deficiencias en la elaboración de los presupuestos de becas y cómo se estableció el financiamiento para los postulantes.

La Contraloría determinó que no se formularon protocolos para los casos de los becarios que no superaron el año preparatorio o propedéutico y, por lo tanto, no obtuvieron un cupo en la universidad para la que se suscribió el contrato de beca, quedando fuera de este beneficio. En consecuencia, no se diseñaron mecanismos para salvaguardar los recursos y proceder a su recuperación, afectando el financiamiento para otros programas de becas.

La auditoría determinó que la Senescyt incumplió el artículo 183 de la Ley Orgánica de Educación Superior, que establece que una de sus funciones es diseñar, administrar e instrumentar la política de becas del gobierno para la educación superior ecuatoriana.

También se evidenciaron deficiencias en la elaboración de presupuestos en el programa titulado Universidades de Excelencia, para las convocatorias de 2014 a 2017. Se detectaron 14 casos en los que se aplicaron distintos porcentajes de financiamiento, sin haber preparado un presupuesto inicial —elaborado empleando cotizaciones de gastos presentadas por los beneficiarios— sobre el que se aplicaría el porcentaje de financiamiento.

La auditoría concluyó que se incumplió el Reglamento para el Financiamiento de Becas y Ayudas Económicas de la Senescyt, ocasionando que no se pueda determinar si los gastos cubiertos correspondieron a los valores que debieron asignarse a los postulantes. Además, no se contó con respaldos que evidencien el criterio empleado en la definición presupuestaria.