REVISTA DE LA CONTRALORÍA 136 Quito, diciembre 2018
La Contraloría General del Estado fue creada en 1927 con el fin de realizar el control fiscal, compilar cuentas y constituir la oficina central de la contabilidad del Estado. Desde su inicio contó con independencia para ejercer sus funciones. Esta institución surge como respuesta a la dilapidación del patrimonio económico en el país y al manejo doloso por parte de administraciones públicas correspondientes al primer cuarto del siglo XX, así como a prácticas anti éticas en las políticas de préstamos al Estado y la emisión de moneda de la banca privada. Lo que generó una deuda de inmensas proporciones que afectaron la capacidad del Estado para cumplir con sus responsabilidades al comprometer su presupuesto. Ecuador atravesaba una crisis social, económica y política que fue escenario de múltiples protestas sociales como la primera huelga general de los trabajadores en Guayaquil en 1922. Dos años más tarde tendría lugar la Revolución Juliana y la constitución de una Junta de Gobierno Militar, que enfrentó la corrupción pública y privada desde una perspectiva republicana. Con el subsiguiente gobierno del Presidente Isidro Ayora, se invitó a la “Misión Kemmerer”, la que llegó al Ecuador en 1926. La Comisión entregó varias propuestas de reformas de los sistemas monetarios, bancarios y fiscales en base a las cuales se expidió la Ley Orgánica de Hacienda, con la cual se crea la Contraloría General de la Nación. En este contexto de transformaciones, la nueva Ley Orgánica de Hacienda de 1927, dispone que la Contraloría cuente con un sistema moderno de control para precautelar la administración efectiva y eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado. Pasados 40 años, la Constitución de 1967 cambia su nombre de “Contraloría General de la Nación” por “Contraloría General del Estado”, debido a la necesidad de armonizar las funciones institucionales del Estado, como organización jurídica y política, así, la Contraloría se constituye en el organismo de fiscalización y contabilidad de la hacienda pública. Otro hito se da en 1977 con la emisión de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control (LOAFYC), que instauró un sistema de control gubernamental moderno de los recursos públicos, constituyéndose en un ente superior de control de los recursos de las entidades del sector público. La Constitución de 1988 eleva a la Contraloría General del Estado como el organismo técnico superior de control, con autonomía administrativa, presupuestaria y financiera, dirigido y representado por el Contralor General del Estado. La Constitución de 2008, establece a la Contraloría General del Estado como un organismo técnico encargado del control de la utilización de los recursos estatales, y la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado y de las personas jurídicas de derecho privado que dispongan de recursos públicos. Las enmiendas realizadas a la Carta Magna, en 2015 retiraron la atribución de auditar la consecución de los objetivos institucionales, el resto de sus competencias y atribuciones quedaron intactas. En diciembre de 2015, la Contraloría presentó una demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional falló a favor de la Contraloría, en agosto de 2018, dejando sin efecto las referidas enmiendas constitucionales, evidenciando que restaban eficiencia al Organismo para realizar el control de los recursos públicos de forma proba. Desde 2017, en respuesta a los desafíos actuales y exigencias sociales, se lleva adelante un proceso de modernización impulsado por la máxima autoridad, Dr. Pablo Celi de la Torre, que busca pasar de la figura actual de un contralor a un cuerpo colegiado integrado en un Tribunal de Cuentas con 5 o 7 miembros, con dos salas: una que comprenda el trabajo de auditoría y la segunda sala encargada de predeterminar, determinar responsabilidades y atender las solicitudes de recursos de revisión. En este marco de reestructuración institucional, en octubre de 2018, entró en vigencia el nuevo Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, instrumento que fortalece la gestión del organismo a nivel nacional, a través de la generación de dos nuevas subcontralorías: una de responsabilidades y otra de auditoría, además se crea: la Dirección Nacional de Seguimiento Territorial, con sede en la ciudad de Guayaquil, a cargo del control y seguimiento de la ejecución del plan anual de control en las unidades desconcentradas y la: Coordinación Nacional de Proyectos Institucionales. RESEÑA HISTÓRICA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO