REVISTA DE LA CONTRALORÍA 136 Quito, diciembre 2018
LA GESTIÓN INSTITUCIONAL MÁS ALLÁ DE LAS CIFRAS Al finalizar cada periodo es necesario observar el desempeño institucional para conocer si los resultados concuerdan con las expectativas iniciales. Históricamente, el cumplimiento de los objetivos en la administración pública se ha medido a través de indicadores cuantitativos. Esta información permite comparar objetivamente los resultados en torno a periodos similares. De esta manera se puede determinar si, por ejemplo, las políticas implementadas desde la gerencia surtieron los efectos deseados sobre la organización. En 2018, la Contraloría implementó modificaciones en su estructura orgánica con el objetivo de mejorar el rendimiento de las áreas de control. Hoy, las unidades de auditoría funcionan en concordancia con la organización del Estado ecuatoriano, generando un ambiente de pertinencia entre las actividades de los auditados y las experticias de los auditores. Además, se efectuaron cambios en las políticas del control con el objetivo de vincular a la ciudadanía activamente en el desarrollo de las auditorías. En este campo se ha intervenido de tres formas: a través de la conformación de veedurías, ampliando los mecanismos para la recepción de denuncias y vinculando a las comunidades en el desarrollo de las acciones de control. El cuanto a las veedurías, el examen especial a la deuda pública contraída entre los años 2012 y 2017 se efectuó con el acompañamiento de profesionales en las áreas del derecho y la economía quienes, en extensas reuniones, aportaron con criterios técnicos precisos sobre el componente deuda. Asimismo, colaboraron en la difusión de los resultados del examen en distintos foros, de manera que la sociedad pudo conocer el alcance de la labor de la Contraloría y sus funcionarios. El organismo de control ha impulsado la participación ciudadana facilitando la recepción y trámite de denuncias. La campaña “Todos somos parte del control” se difundió a nivel nacional para motivar la presentación de información sustentada sobre posibles irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Esto permitió incluir en el Plan Anual de Control, auditorías que respondan a las inquietudes de los colectivos sociales. Finalmente, el Contralor del Estado, personalmente, visitó proyectos de exploración minera en Azuay e Imbabura. Las visitas técnicas permitieron a la autoridad de control público conocer la situación de las comunidades aledañas y comprometió a los equipos auditores a contar con la participación de las personas que habitan los territorios para efectuar exámenes integrales en los que se tome en cuenta el impacto social y natural de las intervenciones estatales. Si bien las cifras dan cuenta del cumplimiento de las metas (al 30 de noviembre se han aprobado más de 2 600 informes), es necesario destacar el cambio en la orientación del trabajo institucional. El objetivo de fondo es acercar a la Contraloría a la sociedad para que ambos estamentos sean socios en la ejecución de las labores de control público.