REVISTA DE LA CONTRALORÍA 138 Quito, junio 2019
Convenio Anticorrupción fortalece el control público y control social en el Ecuador La concurrencia del control social y el control público, mediante la cooperación de instancias cívicas y públicas, eleva la transparencia y eficacia de la fiscalización de las cuentas del Estado. El pasado 6 de junio, el contralor del Estado, Dr. Pablo Celi y Germán Rodas, coordinador (e) de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), órgano de la sociedad civil dedicado a la lucha contra la corrupción, suscribieron un Convenio de cooperación entre ambas instancias. El acuerdo, que estará vigente durante 2 años, busca establecer mecanismos de trabajo conjunto en el marco del control público y social que estas instancias desarrollan. Además, el acuerdo impulsará el pleno ejercicio de las funciones constitucionales y legales, tanto de la instancia ciudadana, como del organismo estatal para avanzar en el combate contra la corrupción. Esta iniciativa se inserta en la estrategia de fortalecimiento institucional de la Contraloría, que busca elevar la eficiencia del control público a nivel nacional, mediante la vinculación activa de la ciudadanía, pilar fundamental para precautelar el buen uso de los recursos públicos. En virtud de ello, se contemplan dos ejes centrales para el desarrollo de las actividades: el primero está orientado a la recepción, tramitación y seguimiento de posibles casos de corrupción, denunciados ante la Contraloría General del Estado. El segundo comprende la implementación de un plan de acción que priorice el desarrollo de acciones y mecanismos de control preventivo. El convenio tendrá un alcance nacional. Con ello se otorga especial relevancia en la descentralización de las gestiones. En las 24 provincias del país, los balcones de servicio de la Contraloría están dispuestos para receptar denuncias, aunque también estas pueden ponerse en conocimiento de la autoridad de control, a través de la página: www.contraloria.gob.ec. En esta línea, el contralor del Estado estimó que el instrumento permitirá crear “un gran sistema nacional, que garantice e institucionalice la integridad en la gestión pública y la lucha organizada del Estado y la sociedad contra las conductas anómalas”. Para concretar dicho objetivo, la interacción entre el control público y el control social es una condición imprescindible. A partir de la suscripción se impulsará el diseño de un plan de acciones prioritarias y sus resultados serán evaluados trimestralmente. Durante su intervención, el contralor señaló seis áreas específicas sobre las cuales se efectuará esta priorización: Procesamiento de denuncias. Acciones preventivas. Identificación y promoción de buenas prácticas en la administración pública. Cooperación e interacción con las instituciones del Estado, mediante la acción concurrente de la Contraloría y la Comisión Anticorrupción para acompañar la gestión de los funcionarios, promoviendo que se ajusten a la norma y a los procedimientos administrativos correctos. Desarrollar sistemas de capacitación para promover los principios éticos necesarios para la reinstitucionalización del país. Organizar iniciativas de participación ciudadana en todas las provincias, que perfeccionarán el control público. El contralor indicó que “el Estado debe tener sensibilidad respecto de los problemas sociales y no puede actuar de espaldas a las entidades que canalizan la voluntad, el interés y la lectura crítica de la ciudadanía”. Germán Rodas destacó la apertura que ha mostrado la entidad fiscalizadora al escrutinio ciudadano. Indicó que es “necesario que contraloría social y contraloría pública vayan de la mano en la lucha contra la corrupción”. Señaló también que la Comisión Anticorrupción “continuará actuando para impedir que la corrupción siga siendo el elemento fundamental de la vida nacional”. El control social es la instancia de cooperación y acompañamiento del control público. Esta concurrencia mejora la gestión pública, la rendición de cuentas y transparenta la actuación de los funcionarios, al tiempo que involucra estratégicamente a la sociedad en la gestión de los recursos. La participación ciudadana es central para garantizar que el uso de los capitales públicos se realice dentro de la normativa legal, observando los procedimientos administrativos correctos.