REVISTA DE LA CONTRALORÍA 138 Quito, junio 2019
Reformas para mejorar la fiscalización en Ecuador Ecuador atraviesa un momento de demandas por reformas legales y enmiendas, exigidas desde varios sectores sociales y entidades públicas. El fin es mejorar la capacidad de acción del Estado, conseguir una cooperación efectiva entre sus instituciones y evitar conflictos en el cumplimiento de funciones. En la actualidad, para iniciar investigaciones por posibles delitos de corrupción, específicamente en los casos de enriquecimiento ilícito y peculado, es necesario que la Fiscalía General del Estado cuente con un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), emitido por Contraloría. Esto ha generado discusiones en cuanto a la pertinencia de la medida y originó demandas y solicitudes para declarar este requerimiento como inconstitucional. El hecho se origina a partir de una resolución del Pleno de la Corte Nacional de Justicia, emitida el 24 de febrero de 2010. En dos artículos el documento establece que, para el inicio de una instrucción o de una indagación fiscal en posibles casos de enriquecimiento ilícito o de peculado, los fiscales que intervengan deberán solicitar una auditoría gubernamental a la Contraloría General del Estado. En caso de que exista presunción del cometimiento de un delito, el organismo de control remitirá un informe a la Fiscalía, insumo para dar paso a la investigación previa. En su momento, la Corte Nacional argumentó que, sin la incorporación de los informes con indicios penales al accionar del Ministerio Público, resultado de la aplicación de la auditoría gubernamental, se estaba transgrediendo la seguridad jurídica y alentando la impunidad. Frente a ello, las demandas de inconstitucionalidad sobre esta resolución argumentan que sería contraria al artículo 233 de la Constitución. Este determina que no prescribe ninguna acción o sanción donde se establezcan responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal, contra servidores públicos por acciones u omisiones en el manejo de recursos del Estado. También aclara que estos delitos se juzgarán incluso en ausencia del implicado. El conflicto se encuentra en que la Ley Orgánica de la Contraloría establece un tiempo límite de 7 años para que la entidad pueda examinar las operaciones administrativas y financieras efectuadas con fondos del erario. En consecuencia, las actuaciones anteriores a ese período caducan. En otras palabras, al depender de los indicios penales, los delitos de peculado o enriquecimiento ilícito solo podrían juzgarse dentro de 7 años, contrario a lo establecido en la Constitución. Además, lo resuelto en febrero de 2010 impone limitaciones a la Fiscalía en el cumplimiento de su labor, debido a que se contrapone al artículo 195 de la Constitución, que establece el monopolio que tiene lesa entidad para iniciar y dirigir, de oficio o por petición, la investigación preprocesal y procesal penal. Para ello –señala la carta fundamental– organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses. En este escenario, el pasado 3 de junio de 2019 la Corte Constitucional inició el análisis sobre las acciones de inconstitucionalidad interpuestas sobre el último inciso del artículo 581 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El 24 de junio, el Dr. Pablo Celi se refirió a varias reformas legales ante la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Entre otros aspectos explicó la posición institucional con respecto a esta polémica resolución de la Corte Nacional. El Contralor afirmó que debe declararse la inconstitucionalidad de la decisión, debido a que “la Fiscalía no debe ser restringida en sus capacidades”, por lo que el informe previo no debería ser un requisito para que esa entidad avance en sus indagaciones. No obstante, Celi expuso que, cuando las investigaciones requieran un sustento en el campo judicial, sí será necesario que la Fiscalía pueda sustentarse en un informe de Contraloría como un elemento de prueba, previo al proceso de formulación de cargos y juzgamiento. En este tema, decidir sobre el carácter violatorio de la Constitución será competencia de la Corte Constitucional, que deberá pronunciarse en función de los argumentos expuestos durante las audiencias. En suma, la revisión de los cuerpos legales busca mejorar la cooperación entre las entidades de control y fiscalización, para hacer más efectivas sus tareas al servicio del Estado y de los ciudadanos, en el cuidado de los recursos públicos, la lucha contra la corrupción y la impunidad.