REVISTA DE LA CONTRALORÍA 138 Quito, junio 2019
Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, la Contraloría efectúa acercamientos permanentes con las instancias de la sociedad civil, organizadas para observar el uso correcto de los recursos públicos. La mirada social es fundamental para obtener resultados integrales, en el ejercicio del control. Para que sea efectiva, la participación ciudadana requiere espacios de cooperación y acuerdo para su ejercicio, en los cuales los representantes del poder público conozcan el resultado de los análisis ciudadanos. El diálogo permanente entre las instituciones del Estado y la sociedad se traduce necesariamente en una mejora del sistema democrático y de sus instituciones. La Contraloría ha propuesto que el cuidado de los bienes y recursos del Estado se efectúe de forma estratégica, alejándose así de un control coyuntural y contingente. Sin duda, las acciones de la entidad fiscalizadora pueden responder a exigencias sociales urgentes. Tiene el deber ser responsable y coherente con las necesidades de control presentes. Sin embargo, el giro en la política de auditoría y fiscalización requiere una visión a largo plazo, que incorpore a la ciudadanía en la dirección de los asuntos públicos y considere reformas legales –y, de ser necesario, constitucionales– que impulsen acciones integrales en el cuidado de los bienes y recursos públicos. Las reflexiones políticas actuales señalan la creación de Estados abiertos al escrutinio ciudadano, como mecanismo de evaluación permanente. Los casos de corrupción develados en los últimos años pusieron en duda la capacidad estatal para autorregularse. Así, la vinculación con la ciudadanía es prioritaria para afinar procedimientos que transparenten el accionar de los poderes públicos y el uso de los capitales del Estado.