REVISTA DE LA CONTRALORÍA 138 Quito, junio 2019
Prevención de desvíos en el uso de los recursos públicos El 27 de mayo en Ushuaia, provincia de Tierra de Fuego, Argentina, el contralor general del Estado, Dr. Pablo Celi de la Torre, participó en la décimo cuarta Reunión Especializada de Organismos Gubernamentales de Control Interno del MERCOSUR (REOGCI). Durante la jornada presentó su ponencia “Repensando lo público: el control, la transparencia y la integridad en la lucha contra la corrupción”. Al encuentro acudieron los representantes de 6 países: Ecuador, Argentina, Brasil, Bolivia, Perú y Uruguay, quienes discutieron la conceptualización del control, cuando se lo ubica como un componente para repensar lo público. Esto, debido a que uno de los problemas para el desarrollo de los sistemas de fiscalización radica en que “el control” y “lo público”, aunque son dos categorías teóricas interrelacionadas en el funcionamiento de los Estados, se han tratado como elementos distantes: el primero desde una visión administrativa y el segundo desde una perspectiva política. En esta discusión se relacionan otros conceptos, como la transparencia y la integridad, que diferencian a los Estados Modernos de las antiguas organizaciones en las cuales no existían bienes comunes, propios de la sociedad, así como tampoco se exigía la rendición de cuentas a las autoridades, pues su labor y encargo estaban plenamente justificadas por la tradición y lo prescrito en los textos religiosos. Al respecto, Celi afirmó que “nuestros Estados se basan en un principio de gestión abierta y de responsabilidad pública. Por esto, en lo que tiene que ver con la administración de recursos del Estado, es decir, con la gestión, que es en donde la política se convierte en administración, las políticas se deben al control”. Al aplicar la noción de “gestión”, los recursos dejan de ser elementos aislados en torno a las diferentes disciplinas y áreas que debe atender el Estado, y que que se utilizan en la medida en que aparecen urgencias. Este giro conceptual sobre el control público tiene, entre otros fines, que establecer mecanismos efectivos para prevenir y erradicar la arbitrariedad, la improvisación y el uso clientelar de los recursos. Para ello, es central comprender que el control debe aplicarse para resguardar la sostenibilidad estratégica de los bienes del Estado, como un ejercicio integral, alejándose así de acciones coyunturales o segregadas, que responden a contingencias. La planificación del presupuesto debe señalar la ruta para responder integralmente a las necesidades de la sociedad, a través del diseño de políticas públicas sostenibles e integrales, puesto que los recursos son administrados por el Estado, pero son propiedad de la sociedad. Es decir, el erario no es pertenencia de ningún gobierno. “Para superar este equívoco, creo que no hay nada más interesante que poder lograr una alianza estratégica entre el control público y el control social”, afirmó el contralor, durante su exposición. El trabajo conjunto entre la sociedad civil –encargada de observar el comportamiento del Estado– y las instancias institucionales, dispuestas para garantizar que los capitales públicos se empleen adecuadamente, posibilitará evaluar la transparencia dentro de la organización estatal. Monopolizar el cuidado de los recursos en los sistemas institucionales –aunque sea en los más modernos– puede resultar también en atropellos, mientras el acompañamiento ciudadano permite perfeccionar los procedimientos y garantizar procesos apegados al derecho. La democracia adquiere un sentido de legitimidad con el acompañamiento crítico de los actores sociales, sin embargo, para el Contralor ecuatoriano, articular el control público con el social “es uno de los grandes desafíos para la región”. Al respecto, la Contraloría ha implementado medidas, como la actualización del Código de Ética institucional donde dispuso el acceso público a la información de la gestión administrativa y del control. En el ámbito técnico, se implementó las herramientas de Autoevaluación de la Integridad de IntoSaint, instrumento que permite analizar riesgos, evaluar el nivel de madurez de los sistemas de control interno y fortalece constantemente el análisis de las declaraciones patrimoniales juramentadas, para la detección de incrementos de capital injustificados. También se fomentó la participación ciudadana con el acceso público a las lecturas de resultados provisionales. Además, se han abierto espacios en todo el país para la recepción de denuncias y se ha conformado veedurías ciudadanas con profesionales altamente calificados para observar el desarrollo del examen especial al endeudamiento público y el plan de control emergente a la seguridad social. Finalmente, esta cita regional permitió establecer relaciones de cooperación científica, técnica y operativa con otras entidades fiscalizadoras superiores, para incrementar la eficiencia en las labores de control. Se intercambiaron experiencias y buenas prácticas, respecto de las nuevas tendencias e implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda establecida para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población, a la cual la Contraloría está adscrita.