Cinco casos retratan los problemas en la dotación de infraestructura
Desde 2017, la Contraloría ha analizado el uso de los recursos públicos en distintas áreas de la administración estatal. Uno de los ámbitos en el cual se han invertido mayor cantidad de recursos es en infraestructura. Allí se concentró la inversión en proyectos considerados emblemáticos, por su trascendencia para el cambio de las condiciones de vida de la población. Sin embargo, el incumplimiento de la normativa vigente ocasionó retrasos en las construcciones, incremento del costo final de los inmuebles, pagos injustificados, ausencia de estudios que garanticen la utilidad, entre otras irregularidades que representaron pérdidas económicas al Estado. A continuación, se exponen sintéticamente los resultados de las auditorías efectuadas, dentro de los sectores de educación, energía, petróleos, salud y vialidad. Educación En este caso, el organismo de control público observó la construcción de escuelas del milenio en varias provincias del país. La auditoría señaló la ausencia de estudios para definir la ubicación de las unidades educativas. Tampoco se aplicaron técnicas constructivas homologadas que garanticen la seguridad de las estructuras y no se cumplió a cabalidad con lo establecido en los contratos. Hidroeléctricas Destacan los exámenes realizados sobre la construcción de la Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair y Manduriacu. Al respecto, los auditores identificaron pagos injustificados a las contratistas, incremento en los costos de los proyectos por ausencia de estudios definitivos y riesgos para la inversión estatal, debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas. Vialidad Los problemas en la dotación de infraestructura vial se transparentaron en el examen especial efectuado a la construcción de 10 carreteras a nivel nacional. La contratista -Sinohydro- subcontrató todos los trabajos, mano de obra y la adquisición de materiales. La suma del valor de los subcontratos expone una diferencia de USD 129 millones frente al presupuesto de la contratación, en favor de la contratista. Yachay La auditoría a la construcción de 5 edificios en la ‘Ciudad del conocimiento’ concluyó que los cambios en los diseños, incrementos de obra y rubros obligaron la suscripción de convenios de pago por USD 7 millones para pagar a los contratistas. Además, las modificaciones implementadas durante la fase constructiva y el incumplimiento de especificaciones técnicas pueden poner en riesgo la inversión realizada en infraestructura por USD 31 millones. Infraestructura hospitalaria En 2019 continuó la ejecución del Plan emergente de control en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entre otros ejes de acción, las auditorías analizaron la dotación de infraestructura hospitalaria y su administración, que transparentaron irregularidades como ausencia de estudios aprobados definitivos, que garanticen la utilidad de la inversión efectuada. Infraestructura judicial En septiembre de 2011, el director general del Consejo de la Judicatura de Transición (CNJ-T) emitió la resolución con la cual se declaró la emergencia en la Función Judicial. Esta medida se adoptó con el fin de superar la situación crítica que atravesaba y garantizar plenamente el derecho al acceso a la justicia. Los exámenes especiales concluyeron que las inconsistencias en los estudios y diseños impidieron que se apliquen en su totalidad, por lo que no se justifican pagos superiores a los USD 700 mil. Además, hay áreas subutilizadas y asentamientos que ponen en riesgo las estructuras.

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