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Quito, junio 2020
Contraloría examina las contrataciones en tiempos de pandemia La pandemia de Covid-19 obligó a que los países declaren emergencia sanitaria. En Ecuador, las unidades médicas y las entidades del Estado en general realizaron adquisiciones para enfrentar la crisis, atendiendo a sus respectivas competencias. El presupuesto estatal sufrió más presiones debido a los requerimientos derivados del coronavirus. Instituciones de diversa naturaleza demandaron implementos de protección, dispositivos médicos, reactivos, medicamentos, equipos, pruebas rápidas. Además, kits de alimentos, servicios y químicos para desinfección. En los últimos meses se han aplicado de forma recurrente procedimientos de emergencia, que por sus características se utilizan de forma excepcional y se encuentran normados dentro del sistema de contratación pública, para que se efectúen bajo las mejores condiciones para las instituciones del Estado. Pero en muchos casos proliferaron los sobreprecios; se evidenciaron contratistas sin experiencia, ni capacidad para cumplir con los contratos. A fines de marzo de 2020, la Contraloría requirió al Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y al Servicio Nacional de Emergencias que remitan la información de los contratos celebrados durante la crisis. A través de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), extendió la solicitud a los gobiernos cantonales. En concordancia con los reclamos públicos y la documentación recibida, se inició un plan de control integral sobre el uso de recursos públicos. Además, contralor del Estado solicitó al director general del SERCOP que vigile, en el marco de sus competencias, la pertinencia y justificación de las adquisiciones efectuadas por los organismos públicos. Desde marzo de este año se emitieron órdenes de trabajo para ejecutar más de 200 auditorías. Los exámenes se realizan en hospitales, direcciones distritales y coordinaciones zonales del Ministerio de Salud Pública, en hospitales y dependencias del Seguro Social, en el Instituto de Seguridad Social de la Policía, gobiernos autónomos descentralizados cantonales, provinciales y parroquiales y en distintas carteras del ejecutivo.
La intervención de la Contraloría busca determinar el cumplimiento de la normativa aplicable a cada contratación y verificar que los bienes y servicios fueron recibidos y utilizados. Se analizan todas las fases de la compra de insumos médicos como guantes, protectores faciales, mascarillas, trajes de protección, respiradores, bolsas para embalaje de cadáver, etc. En algunos casos ya se han emitido informes con indicios de responsabilidad penal, debido a que las irregularidades originaron sobreprecios. En algunas municipalidades se identificó la compra de vehículos livianos y la contratación de remodelación arquitectónica de edificios, utilizando la figura de necesidad urgente.
DIRECCIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL